Santo Domingo (República Dominicana).- La Jueza Kenia Romero de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional recesó este jueves, hasta este jueves, la audiencia de medidas de coerción contra los cinco imputados en el caso de la “Operación Coral”.
Al grupo el Ministerio Público le imputa de presuntamente formar parte de una red de corrupción de la que se beneficiaron supuestamente de más de tres mil millones de pesos en perjuicio del Estado.
Romero determinó reanudar la audiencia a la 1:00 de la tarde de este jueves después de que el Ministerio Público terminó de presentar sus argumentos y solicitó las medidas de coerción.
Igualmente, la determinación se fundamentó en la petición que hizo uno de los abogados de la defensa.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso pidió 18 meses de prisión preventiva a cumplirse en Najayo, San Cristóbal, y además solicitó que se declare el caso complejo.
Reynoso expuso a la jueza Romero las razones por las que el Ministerio Público intiende que los imputados no debían ser liberados y ser enviados a prisión, así como declarar el caso complejo, y citó la presunta distracción de pruebas, amenazas a testigos en los que habrían incurrido los imputados, y el peligro de sustraerse del proceso.
Dijo que a raíz de la amenazas a testigos, estos sienten “temor de testificar contra altos mandos” (militares).
La fiscal Reynoso señaló que el Ministerio Público, a pesar de los obstáculos de los propios imputados, ha realizado una sólida investigación, acorde al derecho y esa misma “es una de las causales por las que se debe dar prisión preventiva”.
“Aquí se han distraídos pruebas, se han hecho operaciones tendentes a ocultar, en plena investigación, se hace una asamblea para tratar de justificar la adquisición del apartamento de Balcones del Atlántico, y están documentadas esas evidencias, tratando de poner que había una deuda y eso es mentira”, dijo a la procuradora adjunta.
Reynoso argumentó además que la supuesta red se dedicaba a la “destrucción de pruebas” y a fabricar elementos para justificar la adquisición de bienes adquiridos ilícitamente.
“Hemos hecho una investigación conforme al derecho y esos hechos y esta investigación es una de las causales por las que se debe dar prisión preventiva, porque el legislador la estableció en el 234, aquí se han distraído pruebas, se han hecho operaciones tendentes a ocultar, en plena investigación se hace una asamblea para tratar de justificar la adquisición del apartamento de Balcones del Atlántico y están documentadas esas evidencias, tratando de poner que había una deuda y eso es mentira”, manifestó.
Por el caso de corrupción fueron acusados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y jefe de la escolta del expresidente Danilo Medina; la pastora Rossy Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, el presunto cerebro financiero de la red; el teniente coronel Raúl Alejandro Girón; el cabo de la Policí Nacional, Tanner Flete Guzmán (hijo de la pastora); y el mayor de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
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