Por Rafael Díaz Filpo
La intención de reducir nuevamente el financiamiento público de los partidos políticos vulnera principios esenciales del orden constitucional dominicano, particularmente aquellos vinculados al pluralismo político, la igualdad democrática y la seguridad jurídica electoral, pues el artículo 216 de la Constitución reconoce a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos como instrumentos fundamentales para la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia, lo que impide que puedan ser colocados en condiciones de debilitamiento institucional mediante decisiones coyunturales impulsadas desde el poder político.
El argumento utilizado para justificar esta propuesta gira alrededor de la crisis internacional derivada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel y de sus posibles repercusiones económicas sobre la República Dominicana, aunque resulta cuestionable que frente a un escenario de incertidumbre internacional la respuesta del Gobierno sea afectar el financiamiento de las organizaciones políticas que constituyen la base del sistema democrático, mientras permanecen intactas otras áreas del gasto público cuya revisión tendría menor impacto institucional y político.
La democracia tiene un costo que el Estado está obligado a asumir, porque garantizar la existencia de partidos fuertes, organizados y con capacidad operativa forma parte de las obligaciones propias de un Estado social y democrático de derecho, especialmente en sistemas como el dominicano donde el financiamiento público constituye un mecanismo orientado a reducir desigualdades frente al poder económico y a preservar cierto equilibrio en la competencia política.
La Junta Central Electoral ha advertido correctamente que una reducción de esa naturaleza afectaría el funcionamiento de los partidos y alteraría reglas previamente establecidas en la ley, cuestión que adquiere mayor gravedad cuando la iniciativa surge desde el propio Gobierno, generando la percepción de que se procura debilitar la capacidad operativa de las fuerzas opositoras bajo el argumento de una crisis económica que todavía no ha producido medidas equivalentes en otras estructuras del aparato estatal.
El problema no radica únicamente en la reducción presupuestaria, sino en el precedente institucional que podría dejar una medida de esta naturaleza, pues si el financiamiento partidario queda sujeto a decisiones coyunturales del poder político, el sistema democrático terminaría dependiendo de la voluntad circunstancial de quien gobierne y no de reglas estables construidas desde la Constitución y la ley.
Los partidos políticos pueden ser fiscalizados con rigor y obligados a transparentar el uso de los recursos públicos, aunque eso resulta completamente distinto a impulsar recortes que comprometan su funcionamiento y que, en la práctica, afecten el equilibrio democrático. La transparencia fortalece el sistema; el debilitamiento selectivo de las organizaciones políticas lo deteriora.
El presidente Luis Abinader está llamado a ponderar esta situación con visión de Estado y sentido democrático, desestimando una propuesta que puede generar desconfianza institucional y tensiones innecesarias dentro del sistema político dominicano. Su padre, don Rafael Abinader, creyó en la democracia, en el respeto a la pluralidad y en la convivencia política sustentada en reglas claras, principios que merecen ser preservados en un momento donde la prudencia y el equilibrio institucional resultan indispensables para la estabilidad democrática de la República Dominicana.
(El autor es juez emérito, primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana).
