Santo Domingo (República Dominicana).- La Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS) exhortó a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a conocer, debatir y aprobar, dentro del plazo establecido, una legislación integral que regule el expendio de bebidas alcohólicas.
Además, pidió que establezca mecanismos efectivos para prevenir y sancionar el consumo de alcohol en lugares públicos, con el propósito de proteger la seguridad, la salud y el bienestar de la población.
El reverendo Fidel Lorenzo Merán, presidente de la FEJUS, expresó preocupación por la sentencia TC/0689/26 emitida por el Tribunal Constitucional (TC), mediante la cual se declaró inconstitucional el decreto número 308-06, que regulaba los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas en el territorio nacional.
Lorenzo Merán considera que la eliminación de este mecanismo de regulación representa un serio retroceso para la seguridad ciudadana, la convivencia pacífica y la salud pública, y opinó que la comercialización sin controles adecuados, especialmente en espacios públicos y abiertos, podría contribuir al incremento de hechos de violencia, accidentes de tránsito, problemas de salud física y mental, así como al deterioro de las condiciones de vida de numerosas familias dominicanas.
«No podemos dejar la tranquilidad de nuestras familias y comunidades a merced de la ausencia de regulación. El consumo excesivo de alcohol en espacios abiertos está estrechamente relacionado con riñas, hechos delictivos, accidentes de tránsito y una preocupante descomposición del tejido social», expresó el presidente de la FEJUS.
Ante el período de vigencia diferida de dos años dispuesto por el Tribunal Constitucional antes de que la decisión produzca plenos efectos, la Fundación Equidad y Justicia Social hizo un llamado al Congreso Nacional para que ejerza su responsabilidad legislativa con la urgencia que amerita esta situación.
Señaló que dará seguimiento al proceso legislativo y reiteró que la falta de una normativa que sustituya el decreto vigente podría generar un vacío legal con consecuencias negativas para el orden público y la protección de la ciudadanía.
