Santo Domingo (EFE).- La noche del 8 de abril de 2025 la vida de José María Llorente cambió para siempre al perder a su esposa en el derrumbe de la discoteca Jet Set de Santo Domingo, que dejó 236 muertos y más de 180 heridos, cuyos familiares exigen justicia este viernes en una nueva audiencia del juicio de fondo.
Llorente asistió aquella noche a la discoteca junto con su esposa, a quien, tras ocurrir la desgracia, tuvo que sacar del local en ruinas.
«Teníamos como pareja unos 36 años, más de 26 años como casados. Es una gran parte de mi vida que se ve tronchada por esta tragedia», reconoce a EFE en una entrevista.
Llorente perdió a su compañera de vida y los sueños que esperaba vivir con ella, entre ellos ir a vivir a España. También sufrió alejamiento de amistades que no entendieron lo que ocurría en su vida.
«Hay todo un drama muy fuerte que ocurre a lo largo de todo esto, sumando al trauma que queda mental que ya veremos lo que ocurre con el tiempo», indica este sobreviviente.
Tras una fase preliminar, el pasado 28 de agosto se inició el juicio de fondo contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del local derrumbado, quienes son procesados en esta nueva fase por homicidio involuntario, un delito que contempla una pena máxima de dos años de prisión.
«Las víctimas y sobrevivientes estamos esperando que haya un nivel de proporcionalidad adecuado a lo que ocurrió», asegura Llorente, perteneciente al Movimiento Justicia Jet Set, que pide que los hechos sean calificados como homicidio voluntario, lo que podría implicar una pena de entre 20 y 30 años de prisión.
Cree que una condena «realmente contundente» podría ayudar a que las víctimas entiendan que «se ha hecho justicia», algo que la «sociedad necesita que ocurra» para que no vuelva a producirse un hecho parecido.
Dentro del grupo de familiares de víctimas y sobrevivientes existe un ambiente «muy triste» causado por la actitud de los hermanos Espaillat: «Los imputados se comportan o quieren comportarse como si no hubiese ocurrido nada».
«Quieren desligarse como si no fueran responsables de absolutamente nada. Eso causa una indignación terrible», asegura Llorente, quien también denuncia que los propietarios de la discoteca quisieron «comprar las voluntades» como si «fuesen a comprar carne».
Considera que la justicia «tiende en ocasiones a ser muy tibia, sobre todo cuando se trata de personas muy conocidas, de capacidades económicas importantes y de relaciones empresariales y políticas profundas».
Por su parte, el Ministerio Público acusa a los hermanos Espaillat de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias por el desplome de la estructura.
En la audiencia de la semana pasada tres peritos de dicha institución coincidieron en que el colapso del techo de la discoteca se produjo por una sobrecarga de la estructura.
De acuerdo con ellos, el techo fue sometido a un peso superior al que podía soportar debido a la instalación progresiva de diferentes elementos, entre ellos capas de fino, tinacos de agua, casetas, equipos de climatización, sistemas de sonido y luces.
La tragedia se produjo la madrugada del 8 de abril de 2025 mientras centenares de personas disfrutaban de una presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien perdió la vida en el siniestro, al igual que uno de los músicos de su orquesta.
En el accidente murieron, entre otros, el exlanzador de las Grandes Ligas estadounidenses de béisbol Otavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y un hijo del expresidente del Senado y ministro dominicano de Obras Públicas, Eduardo Estrella. EFE
