Neiba (República Dominicana).- El exdiputado Rafael Méndez advirtió sobre los serios riesgos que las actuales políticas y acciones migratorias podrían acarrear para la República Dominicana ante la comunidad internacional, especialmente por la deportación de mujeres parturientas o en labores de parto sacadas de hospitales, familias separadas y la deportación de al menos 298 niños y niñas sin identificación ni acompañamiento de sus padres.
Méndez instó a una revisión urgente de los protocolos de deportación, argumentando que la forma en que se están llevando a cabo estas acciones podría generar graves responsabilidades legales para la República Dominicana ante la comunidad internacional, como la intervención en centros de salud y la separación de núcleos familiares, acciones que vulneran los estándares internacionales de derechos humanos y la protección especial debida a estas personas en estado de indefensión.
Si bien reconoce el derecho del Estado a regular su flujo migratorio, el exlegislador por la Provincia Bahoruco subraya que la deportación de personas en estado de indefensión, sin las debidas garantías legales y sin considerar su extrema vulnerabilidad, podría ser interpretada como un trato inhumano o degradante.
Méndez recordó que el derecho internacional contempla la «deportación o traslado forzoso de población» como un posible delito de lesa humanidad bajo ciertas circunstancias, especialmente cuando se realiza de manera sistemática contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Adujo que la situación de indefensión, en el contexto de las medidas implementadas, podría ser un elemento clave en la evaluación de la legalidad de estas acciones a nivel internacional.
