Santiago (República Dominicana).- Un grupo de entidades y personalidades de la región del Cibao demandaron la intervención de la comunidad internacional para estabilizar al vecino país de Haití.
Lo hicieron en la denominada “Marcha Patriótica RD”, definida por el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, uno de los convocantes, como exitosa por la cantidad de participantes.
Gómez Ramírez consideró la situación de Haití pasó de ser un fenómeno migración a lo que definió como en un éxodo invasor y de ocupación, con pérdida creciente de nuestra cohesión social y territorial.
La manifestación inició en el parque Colón de la “Ciudad Corazón” desde recorrió la calle El Sol hasta el parque Duarte, donde se concentraron en la glorieta, lugar en el cual el padre Oscar Arocha hizo una invocación al todopoderoso; Conrado Asencio Torres, presidente del Centro Duartiano de Santiago, y concluyó con la entonación del himno a Juan Pablo Duarte.
Además, se leyó el “Manifiesto Patriótico del 6 de agosto de 2022”, que contiene nueve medidas con sugerencias que deben adoptarse para contribuir a revertir este problema geopolítico.
La primera medida es una “mayor celeridad, transparencia y efectividad en la construcción del muro o valla física tecnológica en la frontera”.
La segunda es “la aplicación del 80 % de mano de obra dominicana en las actividades económicas del país, de acuerdo con lo que establece el Código Laboral e impulsar sin dilaciones las reformas estructurales y la modernización del aparato productivo de la nación”.
“El cumplimiento riguroso y justo de las normativas migratorias, la repatriación sostenida de los extranjeros en situación migratoria ilegal o irregular, quienes permanecen en esa condición aun después de los dominicanos haber sufragado el denominado Plan de Regularización de Extranjeros, en extremo frágil o abiertamente ilegal, oneroso, que bien puede ser calificado como un gran fracaso”, establece el tercer punto del manifiesto de la Marcha Patriótica.
La cuarta indica que “se adopten todas las medidas y providencias para que conforme a la realidad precedentemente expuesta, las Fuerzas Armadas sean llevadas en un número tan suficiente como lo demandan las circunstancias actuales, al control fronterizo para evitar el regreso de los repatriados y nuevas incursiones ilegales, al costo y con el rigor que el caso requiera, hasta tanto concluyan los trabajos de edificación del muro y se pongan en prácticas efectivos mecanismos tecnológicos que garanticen la supervisión”.
El quinto punto propone que “el Ministerio de Educación cumpla con el artículo 63, numeral 13, de la Constitución de la República, el cual manda que “con la finalidad de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica”.
El sexto expresa que “el congreso nacional, en cumplimiento al artículo 10, numeral 2, de la norma suprema y cumpla con la reserva de ley que establece que “el régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y el interés nacional”, y que los poderes públicos repueblen la frontera y la conviertan en una zona de desarrollo de alta prioridad nacional”.
“La adopción de una política altamente restrictiva en relación de los consulados dominicanos en Haití y la emisión de visas por parte de los mismos durante un tiempo declarado de emergencia”, establece el séptimo punto del manifiesto de la Marcha Patriótica.
El octavo sugiere “la revisión y la supervisión minuciosa del registro civil, el libro de extranjería, en particular en lo concerniente al registro de los hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano desde el año 2000, que nuestra diplomacia produzca un rechazo contundente a las campañas engañosas que quieren confundir apatridia con indocumentación y que pretenden revertir la histórica sentencia del Tribunal Constitucional número 168-13, sobre la definición de la nacionalidad dominicana”.
Y como última medida propone “una gran ofensiva diplomática mundial, incluida, un amplio ejercicio de diplomacia pública y ciudadana, con guía escrita, rigurosa y unidad de criterios ante las embajadas, parlamentos y los organismos internacionales, con un contenido histórico veraz acerca de las relaciones dominico-haitianas y los datos socioeconómicos, demográficos y medioambientales que fundamentan nuestros legítimos y justos reclamos”.
En ese mismo orden, también plantea incorporar a la diáspora dominicana en Estados Unidos y Europea, “la cual está llamada a convertirse en una poderosa vanguardia de esta lucha nacional y patriótica, de resistencia y restauración del pueblo.
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