Villa Altagracia (República Dominicana).- La jueza Ana Esther Hernández, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Villa Altagracia, dictó este sábado tres meses de prisión, como medida de coerción, contra de tres hombres acusados de expedir títulos de propiedad falsos del Instituto Agrario Dominicano (IAD)
El Ministerio Público del Distrito Judicial de Villa Altagracia obtuvo la medida de coerción contra Eusebio De Jesús Abad, Teodoro Rudecindo Abad y Félix Rosario Martínez, y la jueza Hernández ordenó su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en la provincia San Cristóbal.
Los imputados, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción, fueron arrestados el pasado 11 de marzo, alrededor de las 12:40 de la tarde, en la autopista Duarte, kilómetro 45, municipio Villa Altagracia, de la provincia San Cristóbal, mientras se desplazaban a bordo de una camioneta, dando cruces en el entorno, en una actitud sospechosa.
Indica que ante esa acción, miembros de la Policía Nacional procedieron a registrar el vehículo, donde se ocupó un folder que contenía 9 títulos de propiedad en original con las características de los emitidos por el Instituto Agrario Dominicano.
La Fiscalía de Villa Altagracia, que dirige la fiscal titular Dalma Díaz, está a cargo del caso, el cual es investigado por el fiscal de esta jurisdicción, Eleuterio Reyes Navarro, con la colaboración del IAD, estableciéndose en el proceso que los imputados incurrieron en los delitos de asociación de malhechores y falsedad en escritura auténtica o pública.
En la audiencia, que duró aproximadamente dos horas, el fiscal litigante de esta jurisdicción, Eladio Angustia, sustentó la solicitud de medida de coerción con suficientes evidencias testimoniales y documentales.
El Ministerio Público detalló que las evidencias fueron ocupadas al ejecutarse su arresto. En ese sentido, indicaron que fueron incautados 15 oficios con sellos del IAD y 15 copias de títulos provisional, así como varios actos de venta de terrenos bajo firma privada y un contrato de venta de posesión de terreno, además de 14 copias de cédulas, entre otros documentos relacionados.
Agregó que todos los documentos ocupados fueron consultados por el Instituto Agrario Dominicano, determinando que son falsos.
Además de la documentación, durante el registro de persona, las autoridades ocuparon a los imputados varios teléfonos móviles.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 145, 147, 148, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que sancionan los citados delitos.
