El trasiego de seres humanos hacia diferentes países del mundo se ha convertido en una estructura operativa que genera enormes ganancias económicas para los sindicatos del crimen organizado, que aprovechan los altos niveles de pobreza, violencia, crisis política, desempleo o factores sociales y culturales de las gentes para cometer esa acción. En efecto, la justicia dominicana ha condenado a varios traficantes de personas y de explotación de sexual, contrabandistas de variadas mercancías, con castigos de 9, 10, 15 y 20 años de cárcel, pero el delito continúa en aumento.
El 8 de mayo de 2019, el Segundo Tribunal Colegiado de la jurisdicción Santo Domingo Este emitió una sentencia contra cinco hombres por integrar una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, principalmente hacia los Estados Unidos, Europa y Canadá. También, por violación al artículo 13 de la Ley No. 8-92 sobre Cédula de Identidad y Electoral; el artículo 10 de la Ley No. 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología; y la violación a los artículos 139, 147, 148, 265 y 266 del Código Penal Dominicano y la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Otras condenas similares han ocurrido en el transcurrir de los pasados años, pero persiste todavía la consumación de ese delito a través de la frontera terrestre.
En 2024, se judicializaron 259 casos de trata y tráfico de personas, lo que representó una disminución de 4.4% en comparación con el 2023. La mayoría de estos hechos (65.2%) correspondieron al traslado ilícito de indocumentados por vía terrestre, mientras que 59 (22.7%) fueron por vía marítima. En 2025, República Dominicana subió al Nivel 2 en la clasificación de países que combaten la trata de personas. Este avance se logró por la creación de la Ley 46-25, que modificó la Ley 137-03 del 3 de agosto de 2003, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, eliminando la necesidad de probar fuerza, fraude o coerción en los casos que involucren a niños, niñas y adolescentes.
La Ley 46-25, del 22 de julio de 2025, dice que “el culpable del delito de trata de personas será sancionado con la pena de 20 a 25 años de reclusión y multa de 700 a 1,500 salarios mínimos del sector público”. En ese sentido, cuando ocurre la muerte de una persona traficada, el castigo será de 30 a 40 años de prisión. Para otras agravantes, como daño físico o uso de tortura, la pena oscila entre 25 y 30 años de cárcel.
Es una norma jurídica lo suficiente drástica para los autores de ese delito que, de forma desafiante y temeraria, continúan introduciendo extranjeros indocumentados hacia la República Dominicana cobrándoles más de RD$15,000 a cada uno (es lo que dicen los reportes). Se comenta que la mayoría de haitianos que deporta la Dirección General de Migración, retorna de nuevo por los sitios no vigilados en la frontera, lo que se traduce en un gran negocio para los traficantes y para los dominicanos traidores que se benefician con la mano de obra barata de esos empobrecidos extranjeros.
No hemos visto publicadas más sentencias contra traficantes de inmigrantes, desde que el Poder Ejecutivo promulgó la Ley núm. 46-25. Mientras, los militares que vigilan la frontera con Haití siguen reportando apresamientos diarios de cientos de ilegales que, junto a familiares incluyendo niños, pretenden vivir en nuestro territorio de manera irregular. Son transportados y distribuidos por dominicanos que son apresados in fraganti y luego entregados al Ministerio Público para los fines legales correspondientes; pero nunca volvemos a saber de ellos. Se ha denunciado que algunos reinciden en esa modalidad delictiva, aún estando pendiente de un juicio penal, y eso es grave.
Algo no está funcionando bien en el sistema de justicia. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué pasa con los traficantes después de ser detenidos y sus vehículos confiscados? ¿No los someten ante la justicia en el plazo que establecen las leyes? ¿Acaso no le temen a esa ley? ¿Están sobre protegidos? ¿Por qué los tribunales no evacuan más veredictos conforme a la Ley 46-25? Son interrogantes que conllevan a una reflexión. Hay que aplicar la ley con severidad para que sirva de escarmiento a los delincuentes “atrapa-pesos”, traidores y anti-nacionalistas (civiles o uniformados), que están saturando al país de extranjeros indocumentados. Naturalmente, la solución está en manos de los jueces, fiscales y autoridades honestos.
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(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
