San Juan (Puerto Rico).- El acuerdo firmado por el Gobierno de Puerto Rico con la empresa Luma Energy provoca incertidumbre sobre la estabilidad laboral y lacera todos los derechos y beneficios adquiridos, incluyendo el Sistema de Retiro de los empleados gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al igual que el de los jubilados.
La denuncia la hizo Abraham García Román, presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEG-AEE), quien solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced una reunión urgente para expresarle sus preocupaciones sobre el pacto de privatización.
“Estamos muy preocupados porque, para impulsar la privatización de la corporación, la dirección de la AEE ha puesto en juego la permanencia de nuestros empleos y los derechos que nos cobijan. También pende de un hilo la seguridad de nuestras pensiones”, señaló.
Denunció, además, la falta de transparencia en el acuerdo que se realizó a espaldas del país y de los empleados activos y jubilados de la AEE.
“De la información que ha trascendido sobre el acuerdo con Luma Energy queda claro que veremos reducidos muchos de nuestros derechos y beneficios laborales y, lo que es peor, corremos el riesgo de ser despedidos sin justa causa”, precisó García.
De acuerdo con el líder sindical, esa situación es una clara movida del principal oficial ejecutivo de la AEE, José J. Ortiz Vázquez, para hacerle la vida fácil a los privatizadores.
Agregó que la agenda de Ortiz, por instrucciones del gobierno y de la Junta de Control Fiscal, es ir cocinando la venta total de la AEE.
“Vienen tras las ganancias que produce la generación y la producción de energía e irán contra todo lo que les impida cuadrar su negocio. Hoy nos atacan limitando nuestros beneficios, mañana intentarán dejarnos en la calle”, acentuó.
Según García, los empleados de la AEE se enteraron de la transacción final de la privatización a último minuto, lo que catalogó como un acto de provocación la comunicación que el consorcio privatizador, integrado por las compañías Quanta Services, ATCO e IEM, envió a los empleados advirtiéndoles de despidos.
El acuerdo suscrito con el gobierno deja claro que Luma Energy no está obligada a contratar a los actuales trabajadores de la corporación pública y que establecerán un nuevo plan de clasificación para acelerar los despidos, explicó el dirigente de los empleados.
“Queremos dialogar con la Gobernadora. Es necesario expresarle la preocupación de los 6,300 empleados y de 11,873 jubilados que hoy vemos amenazado nuestro futuro. Si ella es consistente con su discurso de justicia social debería, al menos, escucharnos”, dijo.
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