Redacción (ONU-PRESS).- La representante especial del Secretario General para Haití indicó este jueves ante el Consejo de Seguridad que el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el pasado 7 de julio y el terremoto que afectó a más de 800.000 personas en la parte suroccidental de la isla caribeña el 4 de agosto han propiciado el aplazamiento de las elecciones de ámbito nacional y local previstas para el próximo 7 de noviembre.

Durante la presentación al Consejo del último informe del Secretario General sobre la situación en Haití, Helen La Lime, manifestó que al retraso en la contienda electoral hay que sumarle la alta inestabilidad en la que se encuentra el país, especialmente en la capital.

“Mientras tanto, la inseguridad se ha disparado en Puerto Príncipe, ya que los secuestros han vuelto a aumentar y las bandas han extendido su control a grandes franjas de la ciudad. Además, se están repatriando miles de inmigrantes que habían buscado mejores condiciones de vida en los países vecinos”, denunció.

Un nuevo pacto como base para futuras elecciones

En este complicado escenario, La Lime destacó los esfuerzos llevados a cabo por el nuevo Primer Ministro, Ariel Henry, para alcanzar el acuerdo que se materializó el 11 de septiembre con las distintas facciones del sistema político haitiano

“Adoptando un enfoque inclusivo y consensuado, ha tratado de crear unas condiciones mínimas para la celebración de elecciones legislativas, locales y presidenciales, y así dirigir un país en medio de una profunda crisis de gobernabilidad hacia el funcionamiento regular de sus instituciones democráticas”, explicó.

El pacto, al que se adhirieron antiguos grupos de la oposición y de la coalición gobernante, contempla las principales demandas planteadas por los representantes nacionales, como la formación de un nuevo Consejo Electoral Provisional y la inclusión de la diáspora en la contienda electoral. También prevé la celebración de elecciones a más tardar en el segundo semestre de 2022.

Clamor unánime por una reforma constitucional

La responsable de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití emplazó a los líderes políticos y a la sociedad a trabajar conjuntamente para encontrar puntos en común que conduzcan a la creación de un proyecto compartido que permita el impulso de un entorno más apacible donde se puedan aprobar reformas esenciales, como la constitucional.

“Sin duda, existen muchos puntos de convergencia. Por ejemplo, existe un amplio consenso nacional sobre la necesidad de reformar la Constitución haitiana de 1987, una carta que se considera que contribuye a la inestabilidad política e institucional recurrente”, apuntó.

El primer paso en este apartado tuvo lugar el 8 de septiembre cuando un Comité Consultivo Independiente presentó a Henry el borrador de una nueva Carta Magna que, según La Lime, debería ser el “punto de partida para un nuevo debate constructivo e inclusivo sobre las vías de remodelar el sistema político haitiano.”

El control de los puntos estratégicos por las bandas perjudica a la economía haitiana

Del mismo modo, pidió a las autoridades haitianas priorizar el restablecimiento de la seguridad en el país, especialmente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, donde la violencia provocada por bandas armadas ha provocado el desplazamiento de unas 19.000 personas de las comunas de Cité-Soleil, Croix-des-Bouquets, Delmas y el barrio de Martissant.

“El control que las bandas ejercen en los puntos estratégicos de entrada y salida de la capital ha tenido un impacto perjudicial en la economía de Haití y en la circulación de personas y mercancías”, detalló.

Pese a la aplicación de las recomendaciones de un equipo de expertos de la ONU que busca mejorar la eficacia de las operaciones policiales contra las bandas, La Lime señaló que unas fuerzas del orden “sobrecargadas y con pocos recursos” no podrán frenar el aumento de la delincuencia.

“La principal institución de seguridad de Haití no podrá lograr resultados sostenibles a menos que se fortalezcan sus capacidades y se devuelvan los servicios gubernamentales a los barrios empobrecidos que sirven de terreno fértil para las bandas armadas”, señaló y pidió al Gobierno la implementación de un enfoque más holístico para abordar la violencia de las pandillas, dentro del marco de una estrategia nacional para la reducción de la violencia comunitaria elaborada con el apoyo de la ONU.

Reformas judiciales y ayuda humanitaria

Posteriormente, pidió que los funcionarios judiciales puedan trabajar de manera independiente en la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse y también denunció el desafío que supone la situación de la detención preventiva en el país, que afecta al 82% de los reclusos, una de las más elevadas del mundo.

“Las autoridades nacionales deben redoblar sus esfuerzos para abordar urgentemente esta cuestión, en estrecha consulta con todas las partes interesadas del sistema judicial”, acotó.

En referencia a la situación humanitaria destacó que tras el terremoto del 14 de agosto se precisa un fuerte apoyo a la recuperación temprana y el restablecimiento de los medios de subsistencia en las zonas afectadas por el terremoto.

“Es una carrera contrarreloj para garantizar que los niños puedan volver a la escuela, que los agricultores no pierdan la próxima temporada de siembra y que las personas que actualmente viven en campamentos de desplazados vuelvan a sus hogares lo antes posible. Debemos evitar que Haití se convierta en una crisis ignorada”, puntualizó.