En todos los países, el transporte público es una prioridad que debe estar bajo la vigilancia de un personal responsable. Es un asunto de seguridad nacional que debe ser preservado con toda la rigurosidad, de manera que corresponde a los organismos correspondientes velar por el cuido de las unidades y los pasajeros inmediatamente aborden los trenes, autobuses, tranvías o teleféricos.
Visto desde esa perspectiva, no se puede permitir acciones que contravienen esas normativas, como paros laborales de los operadores y técnicos contratados para esas jornadas tan delicadas.
Se trata de un personal estratégico, muy delicado, con muchas responsabilidades, que debe ser vigilado constantemente en razón de que es su tarea cuidar las vidas de los usuarios. En términos generales se les aplica rigurosas pruebas antidopaje y exámenes psicológicos durante la jornada de reclutamiento.
Detener esos servicios bajo demandas laborales, por justas que sean, se interpreta como un boicot que afectaría a los miles de pasajeros que a diario ocupan espacios en esas unidades para trasladarse a sus respectivos centros de trabajo y hacia otros destinos.
Es que las tendencias tecnológicas y culturales de las ciudades modernas presentan un conjunto creciente de desafíos para los profesionales de la seguridad y los responsables del funcionamiento seguro y eficiente del transporte público. Es el motivo de que en todo el mundo policías encubiertos y uniformados monten vigilancia en los aviones, trenes y autobuses oficiales.
En ese contexto, me parece razonable la decisión de Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) de desvincular de sus nóminas a los empleados con funciones claves en ese delicado sistema operativo que declararon un paro de labores, independientemente de que tengan o no validez las demandas que han promovido.
Pudiera interpretarse en algunos sectores de la sociedad como negativas, represivas o de mal gusto las cancelaciones, sobre todo en aquellos que con la doble moral que les caracteriza promueven la defensa de los derechos humanos.
Si usted no está conforme con las condiciones laborales propuestas por una institución, lo ideal es que renuncie al puesto y busque un mejor empleo porque “a lo imposible, nadie está obligado” según expresa un principio jurídico.
El punto es que ya la gerencia de la Opret no les tiene confianza para aceptarlos de nuevo porque si fueron capaces de paralizar la jornada sin tomar en consideración que estaban perjudicando a miles de usuarios, qué otras cosas estarían dispuestos a hacer en el futuro mediato. Una acción como esa en otros países se tipifica como terrorismo.
Se puede permitir el derecho a huelga en otras áreas laborales, pero no cuando se trata de un servicio como el Metro. Por suerte para los desvinculados, les entregaron sus prestaciones laborales de acuerdo con un comunicado servido por la Opret.
Es posible que pudiera pensarse (la opinión es libre) que entre los cancelados servidores del metro convergen personas con diferentes ideologías políticas o estar afiliados a una organización o movimiento político (tienen ese derecho). De ser así, entonces, cometieron un error o se desesperaron porque pudiera deducirse, por lógica, que el paro tendría motivaciones políticas.
Montaron una protesta de presión frente al Palacio Nacional, como se acostumbra a hacer en esas situaciones, tal vez buscando apoyo mediático. Por coincidencia de la vida, esa jornada se gesta en medio de una campaña electoral de cara a los comicios del 2024. ¿Quiénes los asesoraron?
Debido a que el servicio del Metro de Santo Domingo es un asunto de seguridad nacional, lo propio sería que la Opret entrene como operadores, con una profunda evaluación, a militares y policías u otros miembros de los organismos de inteligencia estatales para incorporarlos a esa faena.
Lo de la rígida evaluación lo digo porque nuestra sociedad está inmersa en un proceso de descomposición mental y social. Así, evitaría la repetición de una sorpresa desagradable como esta.
mvolquez@gmail.com
(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
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