El senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, planteó que la justicia dominicana tiene entre sus retos más importantes lograr ser más ágil. Esto, con el fin de recuperar la confianza de la ciudadanía frente a la lentitud judicial que afecta a este poder del Estado. Estas reflexiones fueron compartidas durante su participación en la Conferencia del Poder Judicial 2026.
Indicó, además, que el Congreso Nacional ha avanzado en la aprobación de leyes que han mejorado la eficiencia institucional y fortalecido la seguridad jurídica. Estas declaraciones se dieron durante el panel «Reformas Estructurales», en el cual participó junto al diputado Wandy Batista y que contó con la moderación del abogado Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS.
El legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) afirmó que “las reformas ya aprobadas, así como aquellas actualmente en curso, reflejan un proceso legislativo orientado a la transformación profunda del sistema de justicia y del funcionamiento del Estado dominicano”.
“No se trata de ajustes aislados, sino de una agenda coherente que busca fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la eficiencia institucional, ampliar las garantías de los ciudadanos y consolidar un modelo de administración pública más transparente y sometido al control del derecho”, explicó Taveras en su intervención como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado.
Dentro de este compendio normativo, el legislador enumeró leyes fundamentales, como la Ley de Extinción de Dominio, aprobada en 2022 tras más de una década de espera constitucional para combatir el crimen organizado. Asimismo, resaltó la Ley de Uso de Medios Digitales como una herramienta clave para la modernización del sistema, la cual se encuentra actualmente bajo revisión para su perfeccionamiento.
A estas se suman la Ley de Recurso de Casación y la Ley de Actos del Estado Civil. También enfatizó la legislación que creó los Distritos Judiciales de Santo Domingo Este, Oeste y Norte, una medida que responde a la demanda histórica de descentralizar los servicios judiciales en la provincia para mejorar su eficiencia.
Taveras señaló además instrumentos de gran impacto sistémico, como el nuevo Código Procesal Penal y el nuevo Código Penal, cuya entrada en vigor se prevé para agosto. A esto se añade la reciente aprobación de la Ley de Control y Fiscalización del Congreso Nacional, pieza que busca desarrollar de manera integral las facultades de control del Poder Legislativo.
En cuanto a las reformas que se encuentran actualmente en la Comisión de Justicia del Senado, destacó el proyecto de Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses en la Gestión Pública. Esta iniciativa responde a la necesidad de establecer mecanismos efectivos de prevención y control frente a la corrupción administrativa.
De igual manera, la comisión ha iniciado recientemente el estudio de un proyecto de Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual procura reformar el conjunto de normas dispersas que rigen actualmente esta materia. A estos esfuerzos se añaden otros proyectos de gran relevancia, entre los que destacan el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y el de Ejecución de Sentencias.
