Son conocidas las grandes barreras que existen en el mundo para que una mujer se realice un aborto de forma legal. Es un asunto muy polémico, engorroso, que ha esparcido muchos enfrentamientos en las sociedades mundiales.
El liderazgo internacional, político y social, se ha dado cuenta de lo delicado del tema. Es la razón de que actúen con cautela a la hora de asumir una postura legislativa. Le temen a las iglesias que promueven el mantenimiento de la prohibición del aborto y también a los movimientos feministas que defienden el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo indeseado, sobre todo cuando se adquiere por una violación, incesto, deformación congénita de la criatura o cuando la vida de la madre esta en peligro.
La filtración a los medios de comunicación de un documento de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que reveló una potencial revocación del derecho al aborto, ha creado muchas inquietudes. El sitio de noticias Político publicó un borrador de fallo que, si se aprueba tal como está, haría que Estados Unidos retrocediera 50 años, pues permitirá que todos los estados tengan la libertad de prohibir a las mujeres que interrumpan sus embarazos.
Es el precedente legal más discutido en la historia moderna de esa nación y su eliminación cambiaría el estado de derecho para millones de mujeres.
En el año 1973, la Corte Suprema estadounidense resolvió que la interrupción espontánea o inducida del embarazo era legal al conocer el proceso conocido como “Roe vs. Wade”.
¿Cómo surge el caso Roe vs. Wade? En 1969, una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, bajo el seudónimo de «Jane Roe», desafió las leyes de Texas sobre la interrupción espontánea del embarazo. El estado prohibía el aborto por no estar contenido en la Constitución, excepto en los casos en los que la vida de la madre estuviera en peligro.
McCorvey estaba embarazada de su tercer hijo cuando afirmó que había sido violada y presentó su caso en tribunales. No obstante, su alegato fue rechazado y la obligaron a dar a luz. En 1973, su apelación llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde su argumento se escuchó junto con el de una mujer del estado de Georgia, identificada como Sandra Bensing, de 20 años. Ambas testificaron que las leyes de aborto en Texas y Georgia iban en contra de la Constitución porque infringían el derecho de la mujer a la privacidad. Como defensor de la ley contra la práctica abortiva estaba el abogado Henry Wade, el fiscal de distrito del condado de Dallas. Es por esto que la batalla legal se conoce como “Roe vs. Wade”.
Por una votación de 7-2, los jueces de la alta Corte dictaminaron que los gobiernos (entiéndase los estados o gobernadores) carecían del poder para prohibir los abortos. Los letrados decidieron que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Constitución.
La revocación de esa normativa legal afectaría mayormente a damas pobres, en estados sureños y del oeste, que tendrían que movilizarse a las jurisdicciones progresistas para interrumpir el embarazo. Unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva vivirían en ciudades norteamericanas sin acceso a ese derecho, según el Instituto Guttmacher, una organización privada sin fines de lucro, fundada en 1968, que promueve Programas de Planificación Familiar y que apoya el derecho a la muerte fetal.
Las leyes sobre aborto varían drásticamente en todo el mundo; en algunos países se trata de una decisión personal, en otros es completamente ilegal y en muchos solo se aceptan en ciertas situaciones, como malformaciones fetales o en casos de violación. Son las llamadas causales que ya conocemos.
La realidad en América Latina y Norteamérica, es por igual de compleja. Un artículo publicado por la cadena noticiosa CNN en español, en agosto de 2018 y actualizado en febrero de 2022, se comentan aspectos interesantes de esa situación.
La Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Se sumó así a Argentina, Uruguay y Cuba como los únicos países de la región que habilitan el aborto legal a petición de cualquier mujer embarazada. En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que es inconstitucional penalizar el engendro.
Además de Estados Unidos, Canadá, Guayana y Guayana Francesa también tienen leyes que habilitan el aborto legal libre. Otras naciones tienen una política en la que permiten interrumpir el parto en casos y condiciones específicas, como es la eventualidad de padecer salud mental. Es el caso de Bolivia, Ecuador y Perú:
En Antigua y Barbuda, Brasil, Dominica, Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela, está prohibido, pero se permite para salvar la vida de la mujer en caso de riesgo.
En la República Dominicana, el aborto es ilegal en todas las circunstancias, de acuerdo con el Código Penal del país actualizado por última vez en 2007. Esa práctica es castigada con penas de prisión de hasta dos años a las mujeres que abortan y hasta 20 años para los profesionales médicos que los proporcionan.
Durante más de dos décadas, nuestros legisladores han debatido la instauración de nuevas enmiendas al Código Penal, pero no han tenido el valor (por así decirlo) de asumir una postura definitiva al respecto.
Incluso, el Poder Ejecutivo los ha instado a despenalizar el aborto en tres causales: cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto, o cuando el feto tiene complicaciones graves incompatibles con la vida fuera del útero.
Se recuerda que en marzo del 2021, se sometió a votación lo que los legisladores de todos los partidos políticos llamaron un Código Penal moderno en el que se incluyera la despenalización en sus tres causales. La iniciativa no prosperó.
La introducción de esas excepciones al proyecto de ley es una cuestión de vida o muerte y protección de derechos humanos en un país donde las defunciones maternas aumentaron un 20% el año pasado, se han registrado 25 mil casos de complicaciones del embarazo relacionadas con abortos inseguros en hospitales públicos y el país tiene una de las tasas de preñez adolescente más altas del continente.
Es que en todo este panorama los congresistas toman muy en cuenta la presión de las iglesias y los movimientos feministas. Además, el costo político de tomar una decisión irracional o apresurada es relevante pues las mujeres representan más de la mitad de la población y ejercen un poder demoledor al momento de votar en las elecciones generales o parciales. Cualquier decisión que les afectan se revierte en una segura venganza electoral de enormes consecuencias. ¿Qué hacer?.
mvolquez@gmail.com
(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
Comentarios sobre post