Por R. Almonte
El manejo de los fondos públicos es uno de los pilares más delicados y decisivos de cualquier sociedad. No se trata solo de presupuestos o partidas: se trata de confianza. Cada peso administrado por el Estado representa la esperanza de un ciudadano y la dignidad de un país que quiere avanzar.
Administrar fondos públicos exige ética, transparencia y una responsabilidad que vaya más allá de cualquier interés privado. El servidor público íntegro sabe que no es dueño de esos recursos: es custodio del esfuerzo de millones de dominicanos.
Pero la transparencia en el gasto público es solo la mitad del desafío.
La otra mitad, y quizás la más dolorosa, es el lastre de una justicia dominicana que muchas veces ha sido injusta, selectiva, lenta y cómoda con los poderosos. Una justicia que actúa con fuerza contra el débil, pero con guantes de seda para los privilegiados.
Una justicia que debería ser balanza, pero que a veces se convierte en muro.
Y un muro que se levanta siempre del lado equivocado.
Cuando los fondos públicos se manejan con opacidad y la justicia no funciona, el país entero queda sin defensa. Se debilita la moral social, se erosiona la confianza y se crea la sensación amarga de que el ciudadano correcto es el único que paga las consecuencias.
La República Dominicana no puede crecer con un sistema donde se exige honestidad al pueblo, pero no siempre se exige lo mismo a quienes lo dirigen.
El futuro se construye con visión, pero se sostiene con integridad.
Y la integridad se demuestra, ante todo, en cómo se manejan los bienes de todos y cómo se aplica la ley para todos.
La transparencia no es un gesto: es una obligación.
La rendición de cuentas no es un trámite: es un compromiso.
Y una justicia imparcial no es un sueño: es un derecho.
Solo así se fortalece la democracia.
Solo así se dignifica la función pública.
Solo así se honra el sacrificio del pueblo dominicano.
