Redacción (ONU-PRESS).- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró este viernes una sesión urgente para discutir la situación en Myanmar, luego de que los militares se hicieran con el poder el pasado 1 de febrero mediante un “golpe de Estado”, según palabras de la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos y el relator especial para ese país*.

Nada al-Nashif y Tom Andrews coincidieron también al señalar las denuncias del uso de munición real por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes que salen a protestar por lo ocurrido y llamaron a que se apliquen sanciones contra los responsables, pero que no dañen a la población; así como a garantizar que se mantenga la asistencia contra la pandemia del coronavirus y el apoyo humanitario.

Imágenes brutales

En su turno al micrófono, Andrews detalló los acontecimientos en Myanmar desde el derrocamiento del gobierno civil la semana pasada, las subsecuentes movilizaciones de protesta y los “actos represivos de la junta militar”.

El experto calificó la toma del poder por los militares como una “acción escandalosa e ilegal: un golpe de Estado a un gobierno y sus líderes debidamente electos”.

“Día tras día, la gente de ese país y de todo el mundo ha visto con horror las fotos y videos brutales que emergen de las calles de Myanmar de grandes columnas de fuerzas de seguridad con equipo antimotines que rodean a manifestantes pacíficos y disparan con cañones de agua contra multitudes cada vez más grandes. El mundo ha visto cómo se dispara a los manifestantes, incluida una joven que recibió un tiro en la cabeza mientras estaba de pie, desarmada y sin representar una amenaza junto a otros manifestantes pacíficos en la capital del país, Nay Pyi Taw”, dijo.

Subrayó los numerosos reportes de uso de munición real y fuerza letal contra los manifestantes, el aumento de las detenciones arbitrarias, la intimidación, las amenazas a los medios de comunicación y la imposición de regulaciones que despojan sistemáticamente a la población de sus derechos, del acceso a la información y de la privacidad.

Andrews señaló que han sido detenidos unos 220 funcionarios gubernamentales y miembros de la sociedad civil, incluida la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, el presidente Win Myint e integrantes de la Comisión Electoral de la Unión, agregando que a muchos de ellos los detuvieron policías vestidos de civiles durante “la oscuridad de la noche”.

Llamado a considerar “todas las opciones”

El relator especial solicitó al Consejo de Derechos Humanos que inste al Consejo de Seguridad de la ONU a “considerar todas las opciones que ha utilizado antes para hacer frente a las violaciones graves de las garantías fundamentales”, incluidas las sanciones, embargos de armas y prohibiciones de viaje. También pidió una acción judicial en la Corte Penal o tribunales adecuados para el caso.

“Todas estas opciones deberían evaluarse”, recalcó.

Añadió que, además del Consejo de Seguridad, la Asamblea General podría convocar una sesión especial de emergencia y recordó que en el pasado este órgano ha recomendado acciones que van desde el alto el fuego hasta embargos de armas y sanciones.

Producto de la impunidad

La alta comisionada adjunta, por su parte, aseveró que la actual coyuntura en Myanmar “nació de la impunidad” y explicó que a ésta se sumaron la falta de control civil sobre las fuerzas armadas desde hace mucho tiempo y la influencia desproporcionada de los militares en las instituciones políticas y económicas del Estado.

Al-Nashif enfatizó que durante más de 20 años, los distintos Altos Comisionados para los Derechos Humanos y numerosos expertos han alertado sobre las violaciones cometidas por los militares birmanos, “que incluyen algunos de los delitos más graves según el derecho internacional”.

Sostuvo que la falta de acción oportuna “ha envalentonado a los líderes militares, sembrando el terreno para esta crisis”.

Control civil sobre el poder militar

La funcionaria citó la advertencia que hizo en 2018 la Misión de Investigación especial del Consejo de Derechos Humanos, que definía al ejército birmano o Tatmadaw como el mayor obstáculo para que Myanmar se erigiera como una nación democrática moderna.

“El comandante en jefe del Tatmadaw, Min Aung Hlaing, y todos los líderes actuales deben ser reemplazados, y debe iniciarse una reestructuración que coloque a las fuerzas armadas bajo el control civil. La transición democrática de Myanmar depende de ello”, puntualizó.

Al-Nashif conminó al Consejo de Derechos Humanos a “llamar enérgicamente a que las autoridades militares respeten el resultado de las elecciones, devuelvan el poder al control civil y liberen de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente”.

La acción militar era necesaria, señala el embajador birmano

El embajador de Myanmar ante la ONU, Myint Thu, defendió la intervención militar y la definió como “necesaria”, para luego resaltar el compromiso de su país con los valores democráticos.

“A la luz de las irregularidades postelectorales y la compleja situación que siguió, el Tatmadaw se vio obligado a asumir las responsabilidades del Estado de conformidad con la Constitución”, dijo.

También informó que el 1 de febrero se declaró el estado de emergencia por un año y que el presidente en funciones transfirió los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado al comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa.

Thu apuntó que posteriormente, el 2 de febrero, se formó un Consejo Administrativo Estatal, con 16 miembros, incluidos ocho altos oficiales militares y ocho civiles.

*Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.