Ya empezaron a tirarle, y no de Los Molinos, al gallo de lidia Emmanuel Esquea Guerrero, quien tiene las espuelas puestas listas para la pelea porque su compromiso es contribuir a la derrota en la gallera electoral del Partido de la Liberación Dominicana y llevar al solio presidencial a Luis Abinader.
Páginas digitales apócrifas, cuentas sin dueños y blogs creados al vapor en las redes sociales han publicado supuestas denuncias en favor del PLD emitidas por Emmanuel Esquea sobre la suspensión de las elecciones municipales, quien a leerlas el propio abogado y político se ha echado a reír.
El gobierno de Danilo Medina y su candidato presidencial han empezado a sentir el látigo opositor de Emmanuel Esquea y del equipo de hombres y mujeres que integran el movimiento Conciencia Nacional, quienes han interpuesto por ante el Tribunal Constitucional dos acciones directas de inconstitucionalidad que persiguen sean declaradas no conformes con la Constitución.
Esto quiere decir la ley de Presupuesto 2020 está siendo atacada ante el Tribunal Constitucional junto a la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a colocar bonos de deuda pública.
Se trata de las leyes 506-19, sobre el Presupuesto General del Estado para el 2020, y la 512-19 que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda colocar bonos de deuda pública.
Esquea y Conciencia Nacional saben muy bien que si las mismas pasan en el Constitucional, los mismos estarían siendo utilizados en la campaña electoral, en desmedro de la oposición.
Es de ahí la importancia de que el tribunal declare en estado de urgencia el fallo de esos expedientes, petición que ya fue acogida por el Pleno de esa alta corte, tras no encontrar objeción de las partes.
Para los denunciantes la ley del Presupuesto del año 2020 viola la Constitución porque, durante su conocimiento en el Senado en diciembre del año pasado, fue sometida en dos sesiones distintas el mismo día, sin respetar «las 24 horas reglamentarias» entre una aprobación y la otra exigidas por el Tribunal Constitucional.
El pleito está casado porque la ley 512-19, sobre emisión de bonos que faculta al Poder Ejecutivo a emitir bonos para la deuda pública a fin de completar el monto del Presupuesto Nacional, «fue aprobada por el Senado en las mismas circunstancias en que se aprobó el Presupuesto, en dos sesiones consecutivas, cuando debió observarse 24 horas entre una y otra.
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