Por Felipe Lora Longo
El agua es el recurso más esencial para la vida y, a la vez, uno de los más amenazados en la República Dominicana. No se trata solo de un tema ambiental: estamos frente a un problema de salud pública, de justicia social y, en última instancia, de soberanía nacional.
Las señales de alarma están a la vista. Miles de familias en barrios populares y comunidades rurales carecen de acceso regular a agua potable. Los campesinos, pilares de nuestra alimentación, ven sus conucos secarse porque los grandes monocultivos destinados a la exportación acaparan el agua de riego. Mientras tanto, las corporaciones mineras —como Barrick Gold en Cotuí— consumen y contaminan cantidades gigantescas de agua, dejando tras de sí enfermedades, ganado muerto y ríos envenenados.
A esto se suma la amenaza constante de privatización. Desde hace años, gobiernos de distintos partidos han intentado entregar la gestión del agua al capital privado, disfrazando el despojo bajo términos como «modernización» o «eficiencia». Pero el resultado de esas políticas en otros países es claro: tarifas elevadas, exclusión social y pérdida del control comunitario sobre un recurso vital.
Permitir que el agua pase a manos privadas o corporativas es ceder parte de nuestra soberanía. Sin control público del agua, perdemos la soberanía acuífera; sin agua para el campo, perdemos la soberanía alimentaria; y si nuestros ríos y acuíferos son envenenados, perdemos incluso la soberanía sanitaria, es decir, el derecho mismo a vivir con dignidad.
Pero los efectos van todavía más allá. Cada vez que el Estado se ve obligado a gastar millones en atención médica para comunidades afectadas por agua contaminada, estamos perdiendo recursos públicos que deberían destinarse a salud preventiva, hospitales y programas sociales. Cada vez que los campesinos pierden sus cosechas por falta de riego, se pierden millones en producción nacional, empleos rurales y capacidad de autoabastecimiento. Cada vez que comunidades enteras son desplazadas por represas, minas o proyectos privados, se pierden viviendas, estabilidad social y el derecho a permanecer en la tierra natal. Y cada vez que las familias son forzadas a migrar, se pierden escuelas, niños en las aulas y jóvenes con oportunidades de futuro.
En el fondo, lo que se está erosionando es mucho más que un recurso natural: es la vida misma del pueblo y hasta su cultura. Porque cuando un pueblo pierde su vínculo con el río, con el conuco y con la tierra, también pierde parte de su identidad, de su historia y de sus tradiciones comunitarias.
Los partidos tradicionales —sean conservadores, liberales o reformistas de ocasión— han demostrado ser incapaces de enfrentar este problema, porque ellos mismos son cómplices del modelo extractivista y privatizador. Entregan nuestras montañas a las mineras, nuestros ríos a las corporaciones agroexportadoras, y ahora pretenden entregar el agua potable a empresas privadas.
Frente a esta realidad, hay que decirlo con claridad: solo la izquierda tiene la voluntad y el compromiso de defender el agua como un bien común, inalienable y no negociable.
Solo una propuesta de izquierda puede:
Declarar el agua un derecho fundamental garantizado por el Estado.
Frenar el saqueo minero y detener la contaminación de ríos y acuíferos.
Asegurar el acceso universal al agua potable como prioridad nacional.
Recuperar las cuencas hidrográficas y proteger las montañas como patrimonio de todos.
Colocar la soberanía alimentaria por encima de la agroexportación de monocultivos.
No se trata de un tema técnico, sino de un tema político y ético: ¿el agua será mercancía para beneficio de pocos, o derecho colectivo para garantizar la vida de todos?
Por eso, desde la izquierda hacemos un llamado a las comunidades, a los trabajadores, a los campesinos, a los jóvenes y a las mujeres: defendamos el agua como defendemos la patria. La batalla por el agua es la batalla por la vida, y la batalla por la vida es inseparable de la batalla por la soberanía.
Hoy más que nunca debemos levantar la voz y organizarnos. Porque cuando decimos que #SoloLaIzquierdaPuede, no es un lema vacío: es la verdad que nos imponen los hechos.
felipe@lora.org
(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
