Santo Domingo (República Dominicana).- El 22.8 % de las familias de víctimas de abuso sexual o violencia en la República Dominicana llega a una negociación con el agresor, denunció hoy el capítulo dominicano de la organización global World Vision.
En varios de los municipios estudiados existe una falta de cumplimiento de los principios de confidencialidad y anonimato de los procesos de denuncia por parte de la autoridad actuante, lo que evidencia la falta de garantía en el manejo y resguardo de las informaciones suministradas por los denunciantes, según el estudio titulado ‘Evaluación de los servicios de protección infantil y atención a vulneración de derechos de la niñez en la zona de incidencia de los programas de área de World Vision República Dominicana».
«Esto pone en riesgo no solo a la persona que denuncia, sino también a los niños, niñas y adolescentes que han pasado por un proceso de abuso», explicó Johnny Bidó, gerente de incidencia y relacionamiento externo de la organización.
En el estudio se observan importantes brechas, como la inseguridad a la hora de actuar frente a las diversas situaciones de desprotección de la niñez por parte de las familias y miembros de la comunidad. Asimismo, llama la atención los niveles de encubrimiento y complicidad por parte de las familias afectadas:
«Una niña de 11 años fue abusada, y le dieron 80 mil pesos, y la mamá se quedó callada», expresó uno de los encuestados en la comunidad de Haina.
Esto ocurre en los círculos de cuidado débiles, según refleja la encuesta, donde el 23.3 % de los actores entrevistados piensa que las familias no denuncian por «vergüenza».
La investigación implicó analizar el estado de eficiencia, eficacia y oportunidad de los servicios de protección en las provincias San Cristóbal, Santo Domingo, Dajabón, Montecristi y El Seibo, en los municipios de impacto de asistencia humanitaria que tiene presencia World Vision.
Asimismo, describe las condiciones de los servicios de protección infantil y restitución de derechos de los municipios de interés, analizando la incidencia de los problemas de trabajo infantil, niñez en situación de calle, deserción escolar y niños, niñas y adolescentes sin registro civil.
En la pesquisa participaron un total de 353 personas (105 niños y 248 adultos). De estos un 14 % pertenece a Dajabón, un 11 % a Villa Vásquez, un 9 % a Los Alcarrizos, un 11 % a El Seibo, un 1 % a Montecristi, un 12 % a Miches, un 10 % a Haina y un 11 % a Castañuelas, comunidades que enfrentan aún significativos desafíos en materia de protección de la niñez más vulnerable.
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