A Pleno Sol
La lucha contra la corrupción es un deber de todos. Los recursos públicos no pueden ser malversados por manos particulares. Los responsables de manejo dudoso o violador de las leyes, deben ser sometidos a la justicia.
Llama la atención que el Departamento de Estado de los Estados Unidos acoja inquietudes de inversionistas norteamericanos sobre la marcha de la corrupción en la República Dominicana. De paso es una impertinencia que solicite al gobierno frenar este mal.
Inclusive el Departamento de Estado llega a considerar que eran intocables muchos de los funcionarios que ahora están detenidos y sometidos a la justicia por actos de corrupción. Hasta que Pompeo estableció pautas, apoyaron incondicionalmente al pasado gobierno. Con los norteamericanos nunca se sabe.
Su viejo credo es que no tienen amigos ni enemigos, sino compañeros de viaje, que pueden ser apeados en cualquier momento de la guagua. Líneas políticas norteamericanas aúpan a gobernantes que aposentan la corrupción, y útiles los denuncian y persiguen.
Asimismo, los norteamericanos manejan a su antojo las violaciones a los derechos humanos. Entrenan a las fuerzas de seguridad que son las responsables de violar la integridad física de los ciudadanos; callan cuando cometen tropelías, pero al presionar a gobiernos, sacan la sangre vertida en acciones fuera de la ley, por agentes que ellos entrenaron.
Cierto es que en medio del soborno, los inversionistas ven con temor llegar a un país determinado, pero estos capitalistas imponen su propia regla de juego. Los norteamericanos pueden rechazar la corrupción interna, pero validan sus reglas de comercio, sin tomar en cuenta las necesidades de los países pobres.
Los norteamericanos impusieron la firma del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica-República Dominicana, donde los mayores beneficios se han generado para los empresarios de los Estados Unidos. Fue un traje hecho a la medida para llenar las necesidades de los gringos.
El DR.CAFTA ha servido de poco al desarrollo de la economía dominicana. Ese tratado arrodilla al país ante naciones más poderosas, sobre todo a los Estados Unidos. Fue suspendida la fabricación de Cientos de productos que se procesaban en la República Dominicana, para dar paso a los excedentes de los inversionistas extranjeros.
Tienen los norteamericanos derechos a opinar sobre la corrupción en la República Dominicana, pero también deben investigar a sus inversionistas que dan un golpe en la mesa y amedrentan autoridades locales, para fijar sus propias reglas de juego en un país extraño.
Tiene que darse una guerra sin pausas contra la corrupción. Cualquier implicado en un acto de violación de los recursos públicos tiene que ser sometido a la justicia. Es una obligación de todos los dominicanos luchar y derrotar el manejo irregular de los fondos públicos. Que los norteamericanos se ocupen de sus problemas, y dejen a los dominicanos que sigan luchando por un futuro mejor. ¡Ay!, se me acabó la tinta.
manuel25f@yahoo.com
(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
Comentarios sobre post