Redacción (Telesur).- La Administración de Donald Trump ordenó la suspensión inmediata de todos los programas de subvenciones, préstamos y asistencia financiera federal que no cumplan con su agenda conservadora, en una medida sin precedentes que amenaza con interrumpir proyectos de investigación médica, iniciativas educativas y políticas de diversidad.
La decisión, comunicada por Matthew Vaeth, director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), desató una crisis política y legal, con los Demócratas acusando a la Casa Blanca de actuar «fuera de la ley».
Según el memorando interno enviado a las agencias gubernamentales, la congelación busca alinear el gasto federal con las órdenes ejecutivas de Trump, que buscan revertir políticas progresistas en derechos transgénero, justicia ambiental y diversidad (DEI). «El uso de recursos federales para promover la equidad marxista, el transgenerismo y las políticas del nuevo pacto verde es un desperdicio de dólares de los contribuyentes», afirmó Vaeth, quien exigió a cada agencia realizar un «análisis exhaustivo» de sus programas para identificar aquellos que contradigan la agenda presidencial.
El impacto podría ser devastador: desde becas educativas hasta fondos para investigación contra el cáncer infantil, pasando por asistencia alimentaria y líneas de ayuda contra la violencia doméstica. Aunque Medicare y la Seguridad Social están excluidos, no hay claridad sobre programas como Medicaid, cupones de alimentos o ayuda por desastres. «Esta orden es un incendio de cinco alarmas. Costará vidas», advirtió Diane Yentel, líder del Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro.
Al respecto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó la gestión de la administración Biden con respecto al financiamiento de políticas como el transgenerismo, la ingeniería social del Nuevo Acuerdo Verde o el envío de condones a la Franja de Gaza.
«Eso es un desperdicio absurdo del dinero de contribuyentes», consideró la vocera.
La estrategia conservadora de Trump
A diferencia de su primer mandato, Trump ahora apunta a infiltrar su agenda en la burocracia federal. «Están impulsando la agenda del presidente desde abajo hacia arriba», explicó Paul Light, experto en gobierno de la Universidad de Nueva York, quien alertó sobre los riesgos: «No se puede simplemente fastidiar, fastidiar. Hay que cumplir».
El fiscal general de California, Rob Bonta, ya anunció resistencia: «Cualquier pausa en la financiación crítica perjudicaría a las familias y amenazaría la salud pública. Estamos preparados para proteger a California de las acciones imprudentes de Trump».
La reacción del Partido Demócrata fue inmediata. En una carta a Vaeth, la senadora Patty Murray y la congresista Rose DeLauro, líderes en comités de presupuesto, calificaron la orden de «ilegal, sin precedentes y devastadora». «Garantice que los recursos se entreguen según la ley», exigieron. Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, insistió en que Trump no tiene autoridad para frenar gastos aprobados por el Congreso: «Perjudicará a millones».
Mientras organizaciones sin fines de lucro calculan pérdidas, la Casa Blanca insiste en que actuará «en la medida que lo permita la ley». Pero con una red de dependencia federal que abarca gobiernos locales, contratistas y millones de beneficiarios, la batalla por los fondos promete escalar hacia los tribunales y redefinir el alcance del poder ejecutivo en los últimos meses de Trump.
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