Santo Domingo (República Dominicana).- La plataforma Dominicanos por Derecho (DXD) pidió al presidente Luis Abinader, que se dé cumplimiento al compromiso del Estado de restaurar la nacionalidad dominicana a las víctimas de la Sentencia 168-13, venciendo los desafíos que obstaculizan la implementación de la Ley 169-14, único instrumento legal que busca contrarrestar sus efectos negativos.
Señaló que en ocasión de conmemorarse el octavo aniversario de la promulgación de la Sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional, «dictamen que desnacionalizó» a cuatro generaciones personas nacidas en territorio nacional ente 1929 y 2010, las organizaciones aseguran que miles de dominicanos y dominicanas continúan afectados por la inexistencia jurídica, la violación de sus derechos civiles y políticos y la exclusión social que se extiende a familias y comunidades.
Como parte del balance del estado de situación de la problemática de acceso a nacionalidad que se realiza cada año, DXD informa que siete mil 147 dominicanos y dominicanas no registrados que pudieron acogerse al procedimiento naturalización, bajo el literal B de la Ley 169-14, cuyos expedientes fueron revisados y aprobados por el Ministerio de Interior y Policía, continúan indocumentados corriendo el riesgo de ser expulsados erróneamente de su país.
Asimismo, denuncian que los decretos presidenciales 262-20 y 297-21, que concedieron la naturalización a 799 personas, han sido ignorados por las instituciones estatales a cargo de su implementación, impidiendo que los beneficiarios presenten la documentación de identidad que los acredite como dominicanos.
En tanto, la Junta Central Electoral (JCE) continúa con el traslado de actas a los llamados libros de transcripción y, en consecuencia, con las demandas de nulidad para eliminar el primer registro: una interpretación contraria al espíritu de la Ley que ordena «regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil».
«La lentitud de la aplicación de la ley 169-14 ha causado estragos durante la emergencia sanitaria producto del COVID-19, acrecentando los niveles de vulnerabilidad y de exclusión social en los que se encuentran los dominicanos desnacionalizados, quienes no pueden tener acceso a los programas de asistencia social que el Estado otorga», denunció la plataforma Dominicanos por Derecho (DXD).
El colectivo ratificó que continuará adelante con el proceso de lucha que cuenta con el respaldo del pueblo dominicano.
«Estamos ante un despertar. La ciudadanía se ha articulado para que la exclusión y el atropello ya no tengan lugar en nuestra sociedad. Miles de jóvenes, padres, madres, adultos con hambre de crecer y de que sus aportes sean evidenciados rompen el silencio y hacen visible sus dificultades. Sus esfuerzos para gestionar y encontrar solución a sus casos son un hermoso espejo en el que la sociedad dominicana se ve reflejada», precisó.
Dominicanos por Derecho es una plataforma de organizaciones comunitarias, de investigación y servicio social que reivindican los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera afectados por la Sentencia 168-13.
Forman parte del colectivo: la Asociación Scalabriniana al servicio de la movilidad humana (ASCALA), Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO), Centro Cultural Dominico-Haitiano (CCDH), Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA), Centro de Educación para el Desarrollo (CEDUCA), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD), Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA) ƒ Movimiento Reconoci.do ƒ Movimiento Socio-Cultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA).
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