Por Orión Mejía
La crisis de reputación que sacude a Participación Ciudadana (PC) no está relacionada con mal uso de fondos provenientes del extranjero, sino sobre el rol que ha desempeñado con millones de dólares asignados por la cuestionada Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), por lo que resulta insuficiente afirmar que se utilizaron «en la promoción de la democracia».
Se incurre en un error distraer la atención pública con el bailoteo de acusaciones sin base probatoria contra periodistas porque lo que se sabe con certeza es que PC tuvo principalía en la nomina de USAID.
Ante los cuestionamientos por tan elevado financiamiento foráneo, directivos de esa organización remiten a sus detractores a su página web donde figuran informes contables, como si el tema fuera de dilapidación de fondos y no de posible ejecución de programas antinacionales.
Años antes de las elecciones de 2020 en República Dominicana se desarrollaron eventos políticos generados por contradicciones políticas e institucionales, en los que participaron mansos y cimarrones en papeles de como contendientes y árbitros.
Participación Ciudadana tuvo una actuación protagónica en un escenario enrarecido donde la falsa izquierda, la nueva derecha política y un entramado del empresariado cerraron fila en torno al propósito, como lo admitió uno de los coordinadores de Marcha Verde, de desalojar del Poder al partido gobernante.
No se sabe si lo de la Marcha Verde fue la expresión de la voluntad popular, del liderazgo de un grupo de comunicadores o si se trató de un improvisado coliseo montado por PC con fondos canalizados por Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Mike Pompeo, asesto la estocada final al bovino.
El financiamiento extranjero, aun con volúmenes tan altos como los entregados a PC, no se objetaría si va dirigido a entidades como Centro de Rehabilitación, Educa, o las dedicadas a la investigación agropecuaria, pero no cuando se dirigen a «la promoción de la democracia», porque así fue que tumbaron a Juan Bosch.
Se objeta el uso excesivo de esos dineros en supuestos programas de «observación electoral», en los cuales a los «observadores» son despojados de del sentido de objetividad, porque sus informes deben concordar con quienes aportan esos recursos. Tampoco resulta valido promover una agenda de defensa a LGTB+ o al aborto, porque para eso no se requiere de mandato ni dinero imperial.
En vez de Participación Ciudadana pedir a la oposición política que rinda informes sobre su desempeño en el gobierno, debería explicar cuál ha sido el grado de complicidad o sumisión con la agenda de Washington promovida a través de la USAID.
orion_mejia@hotmail.com
(El autor es abogado y periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
