Por Nolberto Batista
La reciente comunicación de la Junta Central Electoral sobre la consulta propuesta para escoger al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana obliga a una reflexión serena. No se trata únicamente de un debate procedimental ni de una diferencia entre aspirantes. Se trata, más profundamente, de cómo una organización política fundada sobre principios, métodos y disciplina interpreta sus propias reglas cuando la realidad jurídica le coloca límites.
Como hecho comprobado, la Junta Central Electoral respondió a una carta remitida por Francisco Domínguez Brito, donde enviaba sus observaciones al Reglamento Previo de Precampaña, y a su vez hizo el cuestionamiento al pleno de la JCE de si la consulta ciudadana, fijada para el 18 de octubre de 2026, contaba con la legalidad, el apoyo logístico y técnico de la institución.
La JCE en respuesta a Francisco estableció que la consulta interna prevista no cuenta, en este momento, con respaldo legal dentro del ordenamiento electoral vigente. La JCE, además, delimitó el alcance de su competencia y de su asistencia conforme a la Constitución, la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley de Régimen Electoral y el calendario institucional aplicable.
A partir de ese hecho, corresponde opinar con prudencia, pero también con firmeza.
Juan Bosch concibió la disciplina partidaria como una disciplina consciente. No era sumisión mecánica, ni silencio acrítico, ni adhesión irreflexiva a decisiones tomadas desde arriba. Era, más bien, la aceptación responsable de las decisiones colectivas adoptadas conforme a reglas, organismos y métodos previamente establecidos.
Esa concepción tiene una dimensión ética. En el PLD, la disciplina no puede separarse de la moral política. El lema «Servir al Partido para Servir al Pueblo» no fue pensado como una consigna ornamental, sino como una norma de conducta. Servir al partido implica preservar su unidad; pero servir al pueblo exige que esa unidad esté fundada en la legalidad, la transparencia y la confianza.
Los Estatutos del PLD reconocen organismos competentes, procedimientos internos y deberes de la militancia. En esa arquitectura, la disciplina es esencial para impedir la dispersión, el personalismo y la improvisación. Pero esa misma disciplina solo conserva legitimidad cuando se ejerce dentro de los cauces institucionales. La unidad no se decreta: se construye respetando las normas comunes.
El centralismo democrático, en la tradición organizativa del PLD, supone deliberación antes de decidir y unidad de acción después de decidir. Su lógica no es autoritaria; es orgánica. Permite que las diferencias se expresen dentro de los organismos, pero exige que las decisiones adoptadas válidamente sean asumidas por la militancia.
Ahora bien, el centralismo democrático tiene una condición moral indispensable: las decisiones colectivas deben formarse sobre información objetiva, verificable y completa. Decidir con disciplina no significa decidir a ciegas. Cuando una organización adopta una determinación trascendental sobre la base de hipótesis, percepciones o supuestos jurídicos no confirmados, corre el riesgo de comprometer su autoridad interna.
La comunicación de la JCE modifica el punto de partida del debate. Antes podía discutirse políticamente la conveniencia de la consulta. Ahora existe un pronunciamiento institucional del órgano electoral que debe ser ponderado con responsabilidad. Ignorarlo no fortalecería la disciplina; podría debilitarla, porque colocaría a la militancia ante una contradicción entre obedecer una orientación política y respetar el marco jurídico vigente.
Es necesario distinguir. En procesos internos anteriores, las consultas o mecanismos de selección contaron, según el contexto correspondiente, con mayores niveles de consenso entre aspirantes, acompañamiento institucional de la JCE y reconocimiento dentro del marco normativo aplicable. Esa combinación permitía que el ejercicio político tuviera una base de legitimidad práctica y jurídica.
El escenario actual es distinto. La JCE ha señalado que la consulta propuesta resulta improcedente en esta etapa del calendario electoral. También ha precisado que su asistencia no puede extenderse más allá de lo que permite la ley. Esa diferencia no es menor. Cambia el contexto político y jurídico del proceso, porque una consulta sin respaldo legal suficiente, sin acompañamiento institucional claro y sin consenso pleno entre los actores internos podría generar más dudas que certezas.
No se trata de negar la necesidad de organizar al partido ni de escoger oportunamente una candidatura presidencial. Se trata de hacerlo de manera que el resultado sea incuestionable, no solo para la dirección, sino para toda la militancia y para la sociedad dominicana.
Mi opinión es que, en los últimos años, el PLD parece haber privilegiado en determinadas coyunturas aquello que considera políticamente más conveniente, por encima de lo que muchos militantes entienden como institucionalmente correcto. Esa percepción merece ser debatida sin estridencias y sin ataques personales.
La política exige oportunidad, cálculo y sentido práctico. Pero un partido de la tradición del PLD no puede vivir solo de conveniencias coyunturales. Su fortaleza histórica descansó en la organización, la formación, el respeto a los organismos y la autoridad moral de sus métodos. Cuando la militancia percibe que las decisiones se toman primero y se justifican después, la institucionalidad se resiente.
El debate actual ofrece una oportunidad. No para dividir, sino para corregir. No para desautorizar a los organismos, sino para fortalecerlos. No para imponer voluntades individuales, sino para que la decisión colectiva nazca de información cierta, respeto legal y procedimientos confiables.
La unidad partidaria y la disciplina siguen siendo pilares fundamentales del PLD. Sin ellas, ninguna organización política puede competir, gobernar ni representar con eficacia a la sociedad. Pero la disciplina consciente, en sentido boschista, no se opone a la legalidad; la presupone. Y la unidad verdadera no se sostiene sobre silencios, sino sobre confianza.
La fortaleza de un partido depende también de su transparencia, de su institucionalidad y de su apego a sus propias normas. Las decisiones colectivas adquieren mayor legitimidad cuando se sustentan en información verificada, respeto a la ley y procedimientos que generen confianza entre todos.
El PLD tiene historia, doctrina y estructura suficientes para convertir este momento en una rectificación institucional. La pregunta de fondo no es quién gana una consulta, sino si el partido será capaz de demostrar que todavía puede decidir conforme a sus mejores tradiciones: con disciplina, con ética, con legalidad y con conciencia.
