Santo Domingo (República Dominicana).- Las direcciones de generales de Contrataciones Públicas (DGCP) y de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) apoderaron a la Procuraduría General de la República del expediente relacionado con la compra de RD$11 mil 500 millones de hormigón asfáltico caliente por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOPC).
Carlos Pimentel y Milagros Ortiz Bosch, tirulares de las entidades, al depositar los documentos, argumentaron la existencia de suficientes indicios de irregularidades y violaciones a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones del Estado en el proceso auspiciado durante la gestión de Gonzalo Castillo.
“Creemos que el Ministerio Público, a través de sus departamentos correspondientes, cuenta con todos los recursos y herramientas necesarias para realizar una amplia investigación penal de este caso a los fines de esclarecer los hechos”, manifestaron en un comunicado conjunto.
Tras analizar los documentos depositados en la Dirección General de Ética, Pimentel y Ortiz Bosch coincidieron en que no se sostiene el informe que sobre el caso emitió el exdirector de la DIGEIG, Lidio Cadet, recomendando el archivo de la solicitud de investigación de Gonzalo Castillo.
De acuerdo con el parte, Contrataciones Públicas constató que las irregularidades de los procedimientos de excepción realizados por el Ministerio de Obras Públicas coinciden en gran parte con las denuncias realizadas por la periodista Alicia Ortega en su programa de investigación “El Informe”, difundido en noviembre del año pasado.
Los hechos posteriormente habrían sido comprobados en un documento emitido por la Dirección de Contrataciones Públicas el pasado 26 de mayo de 2020”, afirman en el comunicado de prensa.
Indican que entre los hallazgos existen indicios de vinculación de algunas de las compañías beneficiadas con Gonzalo Castillo, por lo que ponen la información a la disposición del Ministerio Público para las diligencias de lugar.
“De igual manera, por las irregularidades en la contratación de unos RD$11,500 millones, sería importante que este caso sea profundizado por el Ministerio Público”, resaltaron.
Citan como otros elementos violatorios a las reglamentaciones la aprobación previa de las contrataciones; la publicación con un solo día de antelación para la presentación de propuestas; y la entrega de montos millonarios a favor de varias compañías, con marcadas diferencias, en perjuicio de una en particular, en clara violación del principio de igualdad y libre competencia establecido en la Ley 340-06.
Pimentel y Ortiz Bosch deploraron la recomendación de Cadet de archivar el caso sin tomar en cuenta el informe final sobre la legalidad de los procedimientos de excepción por exclusividad, emitido por la Dirección de Contrataciones Públicas, a solicitud de la propia DIGEIG, en fecha 5 de agosto del 2020.
Indican que el informe notificado el 26 de mayo del 2020 es valorado como un documento de suma importancia para determinar el desarrollo de esta investigación, que fue obviado a pesar de que el mismo se encontraba en las manos del director general de la DIGEIG; según acuse de recibo de Chintia Gonzalez.
Expresan que el informe que han considerado válido para aceptar la solicitud de la DGCP del 5 de agosto del año 2020 para que “se realice la corrección del precitado error” y consecuentemente, la recomendación de revocación del archivo contenido en el informe de denuncia del 29 de julio del año 2020”.
Los funcionarios afirmaron que, tomando en cuenta que el exministro Gonzalo Castillo ya no forma parte de la Administración Pública, la investigación ya no busca establecer una sanción administrativa sino actuar según lo establecido en artículo 169 de la Constitución que especifica que es facultad del Ministerio Público realizar las investigaciones de casos penales y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
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