Santiago (República Dominicana).- La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología depositaron ante la Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción, la acusación formal en contra del cabecilla de una red que sustrajo más de 18 millones de pesos, mediante la suplantación de identidad y clonación de las tarjetas de los programas sociales del Gobierno “Comer es Primero” y “Quédate en Casa”.
La instancia que formaliza la solicitud de apertura a juicio indica que el imputado, José Antonio Santana Moronta, se aprovechó de ser parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa en perjuicio de la Administradora de Subsidios Sociales (Addes), por el monto de RD$18,445,182.66, con lo que afectó a miles de familias beneficiarias del subsidio.
Entre las víctimas directas del imputado se identifica a María Cristina Pérez Rodríguez, María Auxiliadora del Corazón de Jesús Germosén, María Altagracia Vázquez Cruz, Manuel Antonio Hernández Reyes, Rafael Antonio Rubio, Ana Cecilia Viña Taveras y Mercedes del Carmen Pizano Castillo.
El Ministerio Público le imputa a Santana Moronta la violación a los artículos 5, 14 y 17 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, alusivos a códigos de acceso (clonación de tarjetas electrónicas), obtención ilícita de fondos y robo de identidad.
También, los delitos de desfalco, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y abuso de confianza, en violación a los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano (CPD). Además, violar los artículos 2.11 y 3.3 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos.
El titular del Ministerio Público en Santiago, Osvaldo Bonilla, afirmó que la investigación está sustentada en una multiplicidad de elementos de pruebas, “por lo que este órgano investigador espera lograr una condena ejemplar contra el acusado”.
En el curso de su investigación, el Ministerio Público descubrió que Santana Moronta organizó una estrategia criminal con la finalidad de apropiarse de los fondos públicos destinados por el Estado a personas que intentaban solventar la crisis provocada sobre sus ingresos por la emergencia sanitaria mundial de la Covid-19.
A través de la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Departamento de Falsificaciones e Investigaciones Especiales de la Fiscalía de Santiago, se abrió la investigación que permitió detener la mafia y desarticular la red que destinaba los fondos sustraídos a una cuenta de ahorros del imputado en la entidad financiera Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.
La institución bancaria detectó 58.738 operaciones fraudulentas desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de ese año, tras la alerta que emitió su sistema debido a que el imputado realizaba la mayoría de estas transacciones en horas de la noche y la madrugada desde el Colmado Moronta, de su propiedad.
La Fiscalía depositó más de 1.500 comprobantes de estas transacciones, entre otras evidencias documentales y materiales, como los verifone, un DVR, un mini printer y cinco celulares de distintas marcas.
También, testimoniales, en las que cita a las personas estafadas por el imputado, quienes aseguraron que nunca compraron en el negocio propiedad del encartado.
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