San Juan (Puerto Rico).- El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Antonio Quiñones Rivera, presentó este martes un informe sobre la población atendida por esa dependencia, los servicios que se ofrecen y las necesidades presupuestarias para el próximo año fiscal.
Quiñones Rivera destacó que el sistema correccional atiende a una población diaria promedio de 15.032 personas, incluyendo imputados, confinados adultos, menores transgresores y participantes de programas alternos al confinamiento.
En su ponencia, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, explicó que el Departamento que dirige administra servicios para 7.318 adultos en instituciones, 93 menores, 1.280 imputados con antelación a juicio y 6.341 personas bajo programas en comunidad. Además, resaltó la diversidad de servicios ofrecidos, que incluyen salud física y mental, educación, rehabilitación, servicios religiosos y seguridad, entre otros.
También informó que su plantilla está compuesta por 6.109 empleados, de los cuales más de 3.800 pertenecen a la seguridad del sistema de adultos.
Quiñones Rivera detalló que más del 50% del presupuesto de la agencia se destina a nómina. Asimismo, se discutió el impacto del aumento salarial a los oficiales correccionales, de un salario básico de 1.666 a 2.350 dólares, el cual fue posible inicialmente gracias a fondos federales, pero que ahora debe ser cubierto con fondos recurrentes de la agencia.
Para el año fiscal 2025-2026, el DCR solicitó una asignación de 515 millones de dólares, de los cuales 264 millones se destinan a nómina, 193 millones a gastos operacionales y 56 millones a obligaciones de PayGo. Parte de este presupuesto contempla el reclutamiento de 500 oficiales correccionales y 120 oficiales de servicios juveniles, así como la continuidad de los aumentos salariales.
Especificó que el costo promedio anual de un confinado es de aproximadamente 50.000 dólares.
Por su parte, la secretaria auxiliar de presupuesto y finanzas del DCR, María León Rodríguez, indicó que la Junta de Supervisión Fiscal asignó 8.4 millones de dólares específicamente para la compra de equipo de seguridad, con el fin de prevenir el contrabando en las instituciones correccionales.
La representante Nellie Lebrón Rodríguez cuestionó si los confinados están recibiendo servicios adecuados de salud mental y si estos son provistos directamente por el DCR, a lo que el secretario de Corrección aclaró que los servicios de psiquiatría forense no pertenecen al Departamento, pero aseguró que se mantienen conversaciones con el gobierno federal sobre este tema y destacó el funcionamiento eficiente de la unidad psiquiátrica del Centro Médico Correccional.
Quiñones Rivera reiteró que las prioridades principales del Departamento son los programas de rehabilitación y de salud, y reafirmó su compromiso con la reintegración de la población correccional y el uso responsable de los recursos públicos, en cumplimiento con el mandato constitucional de la agencia.
