Santo Domingo (República Dominicana).- El Consejo de Defensa del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, denunció lo que calificó de absurdos contenidos en el expediente de medida de coerción contra su cliente.
El ex procurador Rodríguez, y otros tres imputados implicados en una presunta red de corrupción, cumplen 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, impuesta por la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, al acoger una solicitud del Ministerio Público.
En una conferencia denominada “Restricción de Derechos a través de la Justicia”, los abogados de defensa Gustavo Biaggi Pumarol, Carlos Balcácer y José Martínez Hoepelman, argumentaron que Rodríguez, “siendo inocente, se le ha tratado como el más vil de los criminales, en etapa apenas de inicio de una investigación, imponiéndole medidas de coerción máximas para alegadas imputaciones de carácter administrativo o civiles y no penales utilizando el populismo penal como arma de guerra”.
Señalaron que existe un deseo expreso de destruir el legado más significativo en materia penitenciaria realizado en el país por el ex procurador, quien con apenas 42 años de edad, decidió intervenir el deficitario sistema penitenciario nacional, “para pagar una deuda social que arrastrábamos durante más de siete décadas, construyendo y reformando 14 recintos de los 41 centros carcelarios existentes, que estaban en condiciones deprimidas”.
Los juristas expresaron que en un período de dos años, creó 12 mil plazas para internos, duplicando virtualmente la capacidad carcelaria para terminar con el hacinamiento, y manifestaron que paradójicamente, ese es su gran castigo.
Reiteraron que el proceso relativo al Plan de Humanización fue diáfano y transparente, para lo cual se realizaron los debidos procedimientos de acuerdo a lo establecido por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones (Ley 340-06), bajo una licitación pública a nivel nacional, donde fueron seleccionadas cinco empresas constructoras que cumplían con los requerimientos establecidos para el proceso, todas de alto nivel.
“Las empresas elegidas constan de alto reconocimiento, confiabilidad, vasta experiencia y aval de cumplimiento en el ramo de la industria de la construcción. No son empresas que surgieron al vapor para estos fines, ni las componen ingenieros o familiares relacionados. Son seis contratistas aprobados bajo el marco de unas licitaciones que fueron aprobadas como regulares. Construcciones que cuentan con los debidos estudios de suelo, contemplando el desarrollo pluvial, estancamiento de agua y demás requisitos para este tipo de estructuras”, añadió el Consejo de Defensa de Rodríguez.
Insistieron en que la veracidad de esa afirmación queda demostrada porque la actual Procuraduría ratificó expresamente, mediante adendas, los contratos de las empresas constructoras y les aumentó el precio respectivo, por ajuste por devaluación de la moneda. Estas adenda fueron suscritas por la Procuradora Miriam Germán Brito, y depositados por la misma PEPCA, que nunca hace alusión a ellos.
Reiteraron que los contratos contemplan cláusulas de cobertura para daños y fallas, amparadas con pólizas de fiel cumplimiento y vicios ocultos.
“Es absurdo afirmar que estas estructuras son inservibles, sin hacer el más mínimo peritaje. Además, es inverosímil que contando los contratos iniciales, con las ratificaciones recientes de los mismos, la administración actual no haya hecho el mínimo esfuerzo, que es parte de su responsabilidad, por reclamar cualquier arreglo y que se preste seis meses más tarde de firmado las adendas con los contratistas, a decir que el ex procurador es el responsable”, sostienen los juristas.
Al mismo tiempo, los abogados de la defensa de Rodríguez señalan que el Ministerio Público se ha dado la tarea de construir un “storytelling” lleno de especulaciones y supuestos alrededor del equipo Anti-drone, afirmando que el mismo iba a ser utilizado para espionaje e interceptación de teléfonos de manera personal, cuando existen las evidencias que demuestran lo contrario.
Precisaron que para lograr el arresto y los allanamientos en contra del ex procurador Rodríguez, el PEPCA le dijo a la jueza que el equipo a la fecha se encontraba desaparecido, contradiciendo lo expuesto en el mismo expediente que especifica que en agosto del 2020, la actual Procuradora General, instruyó realizar un inventario general de activos de la institución, que incluye el equipo en cuestión, que fue remitido al Departamento Administrativo y Financiero de la Procuraduría mediante oficio, desde la provincia de Independencia, en septiembre de 2020.
Los abogados de defensa de Rodríguez denunciaron que el Ministerio Público presuntamente incurrió de manera deliberada en falsedad ideológica e intelectual en un documento escrito a puño y letra de manos del exfuncionario: “Aprobado debiendo cumplir proceso legal”, sometiendo adrede en la medida coercitiva de manera “maliciosa” que el citado escrito de puño y letra del imputado decía: “Aprobado debido cumplió proceso legal”.
Expresaron su preocupación con este accionar, pues no se corresponde con la ética y objetividad que conlleva ser un servidor apegado a la verdad y la transparencia.
Insistieron en que “el Ministerio Público se hace valer de una guerra mediática que sustituye la vía judicial, para garantizar la aprobación popular y mostrar la supuesta “Justicia Independiente”, y aseguran que en el caso de su cliente Jean Rodríguez, se ha utilizado la ley como arma para infundir miedo, en una “supuesta cruzada para salvar a la democracia y al Estado Social, Democrático y de Derecho que establece la Constitución Dominicana”.
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