Por Yanibel Cepín Rosario
Cada día, cientos de padres dominicanos firman autorizaciones para que sus hijos viajen al extranjero. Lo hacen con ilusión. Unas veces son vacaciones; otras, una visita a familiares, un intercambio
cultural o simplemente la oportunidad de compartir unos días con el otro progenitor que reside fuera del país.
La firma suele hacerse entre abrazos, fotografías y promesas de un pronto regreso. Sin embargo, para algunas familias, ese viaje de ida nunca encuentra un boleto de vuelta.
Lo que comenzó como unas vacaciones termina convirtiéndose en una batalla legal que puede extenderse durante meses o incluso años. Un padre espera en el aeropuerto a un hijo que nunca regresa. Una madre descubre que el permiso que otorgó de buena fe fue utilizado para establecer una residencia permanente en otro país, sin sospechar la verdadera intención detrás de su firma. Mientras los adultos libran una disputa judicial, quien carga con el mayor peso emocional es el niño.
La movilidad internacional de niños, niñas y adolescentes es una realidad creciente en las familias transnacionales. Junto con las oportunidades que ofrece, también plantea desafíos para la protección efectiva del interés superior del niño. En la práctica jurídica dominicana existen casos en los que menores salen del país mediante autorizaciones válidas para viajes temporales y posteriormente no regresan a su lugar de residencia habitual.
Cuando el conflicto familiar cruza fronteras
La sustracción parental internacional no se refiere al secuestro cometido por un extraño. Se produce cuando uno de los progenitores traslada o retiene a un hijo en otro país sin el consentimiento del otro padre o madre, o vulnerando un derecho de custodia reconocido por la ley.
A partir de ese momento, el conflicto deja de ser exclusivamente familiar. Intervienen autoridades de distintos Estados, jueces, organismos centrales y normas internacionales. Entre ellas destaca el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, cuyo objetivo principal es procurar el retorno inmediato del menor a su residencia habitual cuando ha sido trasladado o retenido ilícitamente y garantizar que las controversias sobre custodia sean conocidas por la autoridad competente.
En la República Dominicana, la protección del menor también encuentra fundamento en la Constitución, la Ley 136-03 y las normas migratorias sobre autorización de salida de menores. Sin embargo, ningún tratado ni ninguna ley, por sí solos, pueden evitar el impacto emocional que experimenta un niño cuando es separado abruptamente de uno de sus padres o de su entorno.
La verdadera solución comienza antes del conflicto
Con frecuencia, la atención pública se concentra en los procesos judiciales posteriores. No obstante, la mejor respuesta no siempre está en los tribunales, sino en la prevención.
Un permiso de viaje no debería firmarse como un simple trámite administrativo. Representa un acto de confianza que exige información, comunicación y responsabilidad. Conversar sobre la duración del viaje, el lugar de residencia, la fecha de regreso y las condiciones del desplazamiento puede evitar conflictos extraordinariamente difíciles de resolver.
Asimismo, resulta necesario fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas en la protección de la niñez. La prevención requiere un sistema capaz de compartir información oportunamente y actuar antes de que el daño ocurra.
Un compromiso de todos
En un mundo donde las fronteras son cada vez más fáciles de cruzar, debemos fortalecer nuestra cultura jurídica y comprender que el interés superior del niño debe prevalecer sobre cualquier conflicto entre adultos.
Cada vez que un padre o una madre estampe su firma en una autorización de viaje, ojalá piense no solo en el destino del vuelo, sino también en el alcance de esa decisión. Una firma puede abrir la puerta a unas vacaciones inolvidables, pero también puede marcar el inicio de uno de los procesos más dolorosos que una familia puede enfrentar.
El Derecho cumple su mayor propósito cuando logra prevenir el conflicto antes de que sea necesario resolverlo.
(La autora es periodista, abogada, investigadora en Derecho Migratorio y de Familia, residente en Santo Domingo, República Dominicana).
