Redacción (teleSURtv).- El más reciente escándalo político en Perú se desató durante este fin de semana cuando se confirmó que el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y al menos dos ministros se vacunaron contra la Covid-19 de manera irregular, aprovechando su posición de privilegio; pero la lista se ha ido incrementado hasta alcanzar cerca de 500 funcionarios.
El presidente interino, Francisco Sagasti, dijo sentirse «indignado y «furioso» ante la denuncia de que varios altos funcionarios de gobierno abusaron de un ensayo clínico para vacunarse contra el Sars-Cov-2 mucho antes que la mayoría de la población.
Sagasti responsabilizó por completo por la situación a su predecesor, Martín Vizcarra, quien la semana pasada admitió haber recibido dos dosis de la vacuna contra el virus causante de la Covid-19 de la empresa china Sinopharm cuando esta se estuvo en ensayos clínicos en el país, a finales del año pasado.
Vizcarra, por su parte, se defiende con el argumento que tanto él como su esposa habían participado como voluntarios en los ensayos, aunque ello fue desmentido por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, una de las coordinadoras del estudio, y el escándalo ya les costó su puesto a las ministras de Salud, Pilar Mazzetti, y Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete.
Mazzetti presentó su renuncia luego que se anunciara que el Congreso se preparaba para aprobar una moción de censura en su contra, mientras que Astete lo hizo luego de admitir que había recibido una dosis de la vacuna, lo que también hizo el ahora exviceministro de Salud, Luis Suárez.
Entretanto, la fiscalía peruana anunció también una investigación preliminar en contra del exmandatario.
El domingo Sagasti ordenó que todos los funcionarios de gobierno que hayan recibido vacunas de Sinopharm sean separados de sus cargos, por lo que ya se ordenó una investigación interna para identificarlos: «en realidad me siento indignado y furioso por esta situación que pone en peligro el enorme esfuerzo de muchísimos peruanos que trabajan en la primera línea de defensa contra la COVID-19».
Todo este escándalo tiene lugar cuando todavía no se sabe cuándo se empezará a vacunar al grueso de la población, si bien los trabajadores de la salud que están en la primera línea de combate al virus empezaron a ser vacunados desde el 8 de febrero.
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