Santo Domingo (República Dominicana).- La Coordinadora Popular Nacional (CPN) expresó su rechazo a la «desproporcionada y provocadora» presencia militar y policial desplegada en todo el país con motivo de las movilizaciones convocadas este pasado lunes 27 de abril para el «Día Nacional de Rebeldía».
Dijo que desde horas tempranas, el gobierno convirtió ciudades, carreteras y espacios públicos en zonas militarizadas, con cordones de seguridad, unidades antimotines, equipos tácticos y operativos que «nada tienen que ver con la garantía de derechos, sino con la intimidación directa al pueblo que se movilizaba».
Denunció que esta actuación aumentaban deliberadamente las posibilidades de altercados y disturbios, al imponer un ambiente de tensión innecesaria frente a manifestaciones de carácter pacífico; interrumpían y obstaculizaban el desarrollo normal de las actividades convocadas por la CPN; criminalizaron el derecho constitucional a la protesta, tratando al pueblo organizado como enemigo interno, y derivaron en «arrestos arbitrarios y abusos, dirigidos a debilitar la participación ciudadana».
La Coordinadora Popular Nacional señaló que a pesar de este escenario, «la respuesta del pueblo dominicano fue clara y contundente», y en San Juan, el Cibao y San Francisco de Macorís, así como en otros puntos del país, se desarrollaron acciones de lucha y paralizaciones en defensa de la soberanía nacional, el derecho a una vida digna y en rechazo a la política económica y las imposiciones externas.
De igual manera, en el Gran Santo Domingo, se llevaron a cabo acciones frente al Palacio Nacional, en el marco de la jornada de lucha nacional decretada por la Coordinadora, con la participación de cañeros, trabajadores, enfermeras y pobladores, reafirmando el carácter amplio y popular de esta convocatoria.
«Esta política de militarización no es un hecho aislado. Es la respuesta de un gobierno que, incapaz de dar soluciones a la crisis social, económica y a su política internacional subordinada, opta por la fuerza y el miedo como mecanismo de control. Responsabilizamos al gobierno de cualquier incidente que pueda producirse como consecuencia de este despliegue excesivo, provocador e irresponsable», declaró la Coordinadora.
Reafirmó que «nuestras movilizaciones son pacíficas, legítimas y amparadas por la Constitución. Que el pueblo dominicano tiene derecho a manifestarse sin ser rodeado, perseguido ni intimidado. Que ninguna demostración de fuerza detendrá las demandas por justicia social, soberanía y dignidad».
La Coordinadora Popular Nacional hizo un llamado a la ciudadanía a mantener «la firmeza, la disciplina y el carácter consciente de la lucha, sin caer en provocaciones, pero sin retroceder ante la intimidación. La militarización no silenciará al pueblo. La intimidación no detendrá la rebeldía. ¡Seguiremos en las calles!».
