Por Sandra Rodríguez Cotto
San Juan (Puerto Rico).- Bajo la consigna de que un río es un “sistema vivo” y no una simple “cuneta de hormigón”, una nutrida coalición de comunidades y organizaciones ambientales de la zona de San Juan se manifestó ayer para denunciar la canalización del Río Piedras, lo que catalogan como una imposición del gobierno que amenaza con desplazar a cientos de familias y destruir el ecosistema de la cuenca de ese río.
La movilización, a la que asistieron representantes de sobre 20 organizaciones y comunidades, denunció el rápido avance del megaproyecto que impulsan el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (USACE) sin contar con el impacto en la gente.
Las comunidades afectadas son las de Puerto Nuevo, Reparto Metropolitano, Villa Nevárez, Jardines Metropolitanos, University Gardens, Las Américas y Nemesio Canales. Vecinos de esas áreas y representantes de más de 20 organizaciones de base comunitaria tales como la Guarda Río, la Red Comunitaria del Agua y Amigos de Puerto Nuevo por la Cuenca, se unieron ayer en la protesta para denunciar el avance acelerado de este proyecto sin garantías de transparencia ni participación real.
Este proyecto incluye siete contratos que ya están en etapa de implementación. Las obras correspondientes al Contrato 2 comenzaron en el área del puente de la avenida Roosevelt, y se proyecta que la próxima fase (Contrato 3) —desde la calle 25 NE hasta la zona norte del Parque Luis Muñoz Marín— inicie tan pronto como este verano de 2026.
La principal denuncia de los portavoces radica en que el proyecto se sustenta en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) obsoleta, que data de hace más de 40 años. Es un proyecto basado en datos del año 1984.
“No se puede justificar un proyecto de esta magnitud basado en datos falsos y sin actualizar, sin evaluación rigurosa y sin la participación real de quienes serán directamente afectados”, lee el comunicado conjunto emitido por las organizaciones.
Según los manifestantes, el proyecto ignora los efectos actuales del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y el comportamiento de las marejadas ciclónicas, factores que no estaban en el radar científico cuando se diseñó el plan original en la década de los 80.
Amenaza de desplazamiento y falta de transparencia
Uno de los puntos más críticos señalados es el impacto social. Se estima que entre 150 y 300 familias en comunidades como Reparto Metropolitano podrían ser desplazadas. Los líderes comunitarios denunciaron lo que calificaron como un “juego semántico” por parte de las autoridades al utilizar el término “adquisiciones” en lugar de “expropiaciones”.
Asimismo, cuestionaron la veracidad de las expresiones del secretario del DRNA, Waldemar Quiles, quien recientemente negó la existencia de expropiaciones en Puerto Nuevo, a pesar de que documentos de la propia agencia confirman casos que han terminado en los tribunales.
Impacto ambiental irreversible
El proyecto, que consta de siete contratos, ya tiene obras en marcha cerca del puente de la avenida Roosevelt. La próxima fase (Contrato 3), que se extiende desde la calle 25 NE hasta el Parque Luis Muñoz Marín, está prevista para comenzar en el verano de 2026.
Las comunidades advierten que las obras implicarán: duplicar el ancho del canal con estructuras de hormigón; la eliminación total de la vegetación ribereña; un aumento del calor urbano al perderse refugios climáticos naturales y la interrupción de la migración de especies nativas.
Ante lo que consideran un proceso de “imposición” y no de participación ciudadana, la coalición exigió al DRNA y al Gobierno de Puerto Rico:
Paralización inmediata de las obras.
Actualización de la Declaración de Impacto Ambiental y un informe de costo-beneficio transparente.
Búsqueda de soluciones sostenibles que atiendan la raíz del problema: un sistema pluvial obsoleto y falto de mantenimiento.
Protección del derecho a la vivienda y un trato digno para los residentes.
“Las comunidades no estamos desinformadas ni confundidas; estamos organizadas y preparadas”, concluye el manifiesto, reafirmando que la lucha por la cuenca del Río Piedras es un “asunto de país” que define cómo Puerto Rico enfrentará su futuro ante la crisis climática.
