Santo Domingo (República Dominicana).- Varias organizaciones sociales, activistas y ciudadanas y ciudadanos preocupados por los derechos humanos y civiles, convocaron a una concentración este domingo 20 de julio frente al Palacio Nacional, en rechazo al proyecto de Código Penal que se estudia en el Congreso Nacional, por considerar que violenta los derechos y la dignidad de las personas, protege corruptos, políticos, criminales y agresores en general.
Las organizaciones demandan además, la aprobación de un Código Penal que garantice los derechos y la dignidad de todas las personas en la República Dominicana. ¡El pueblo merece un mejor Código!.
La concentración, que tendrá lugar a las 10:00 de la mañana, forma parte de las actividades impulsadas a través de una coalición que busca movilizar a la ciudadanía para incidir en la reforma del Código Penal desde una perspectiva de justicia, equidad y derechos humanos.
La convocatoria surge en un contexto de creciente preocupación por la posibilidad de que se apruebe un Código Penal que mantenga vacíos legales graves y excluya protecciones fundamentales, especialmente para las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Señalan de manera particular, que en la propuesta del Código que se pretende aprobar: Criminalizar el derecho a la protesta social; Haría que prescriban los delitos de corrupción contra el Estado; Exime de responsabilidad jurídica a las alcaldías y partidos políticos; Hace que prescriban delitos de abuso sexual infantil Ofrece inmunidad penal para representantes de iglesias, y Niega a las mujeres decidir su salud y su vida al no incorporar las tres causales del aborto como una cuestión de salud, dignidad y derechos para las niñas y mujeres dominicanas.
«El país necesita un Código Penal del siglo XXI, por ello no aceptamos más retrasos ni versiones regresivas. Es hora de legislar con perspectiva de derechos, justicia e igualdad», expresaron representantes de la coalición convocante.
Afirmaron que el Código Penal de la República Dominicana, establecido en 1884 y vigente en la actualidad, criminaliza la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia. De acuerdo a la ley actual, el castigo tanto para mujeres como para niñas que busquen este procedimiento o para los médicos que prestan este servicio de es ir a la cárcel.
Señalan que durante muchos años, activistas de organizaciones de defensa de derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos fundamentales en el país han instado al presidente Luis Abinader a que realice una enmienda al Código Penal para incluir la despenalización del aborto bajo las tres causales (cuando el embarazo es resultado de violación sexual o incesto, cuando pone en peligro la vida de la mujer embarazada y cuando el producto del embarazo tiene malformación congénita que le hace incompatible con la vida fuera del útero), como había prometido durante su campaña presidencial.
Expresan que a casi seis años en la presidencia, el mandatario dominicano aún no ha tomado ninguna medida para hacerlo realidad y ahora parece estar impulsando esta retrógrada y peligrosa versión de Código que es lo opuesto a sus promesas de campaña.
«Esto implica una traición de Abinader y los legisladores del PRM a las mujeres, a las niñas y a toda la ciudadanía que dio su voto confiando en la promesa de que se protegerían los derechos fundamentales y constitucionales de todas las personas, incluyendo la aprobación de las tres causales», concluyeron las organizaciones.
