Santo Domingo (República Dominicana).- El contralor general de la República recibió a contratistas del Plan de Edificaciones Escolares del Ministerio de Educación que reclaman el pago de las deudas acumuladas por la construcción de centros educativos en la pasada gestión de gobierno.
Al conversar con ellos, Catalino (Freddy) Correa manifestó el interés en resolver esa situación por lo que se reunió con otros funcionarios para analizar estos casos que afectan a hombres y mujeres que han invertido recursos y el Estado tiene pagos pendientes con ellos.
El funcionario les explicó a los comisionados que hay dos leyes fundamentales que son la 10-07 de Contraloría General y la 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas que impiden que esos pagos se realicen porque violan esas legislaciones.
«Les aseguramos que prácticamente tenemos la solución a ese tema. Porque la semana pasada nos reunimos Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones y su equipo técnico con los técnicos de la CGR y la situación la conocemos. Hemos participado en reuniones al más alto nivel con el Presidente y los incumbentes de donde se ejecutaron los proyectos y el interés del señor Presidente y el equipo que le acompañamos es de resolver esa situación», enfatizó.
El funcionario manifestó que consciente de que el país para desarrollarse y continuar su reactivación económica depende de la generación de empleos, se avanza en una solución satisfactoria.
«De manera que siéntanse tranquilos, lo único es que le vamos a pedir un poquito de paciencia porque le vamos a buscar la salida pertinente sin violentar la Ley, porque aquí lo que buscamos es que se mantenga la institucionalidad de la República y el Presidente Abinader es el primero que está interesado en que así sea», dijo.
El grupo que se reunió con el Contralor representa a mil 106 contratistas de escuelas, liceos politécnicos, talleres y estancias infantiles.
Los ingenieros explicaron que les adeudan montos superiores a los 2, 300 millones de pesos, producto de la ejecución de esas obras que ya fueron terminadas e inauguradas y otras que están en proceso de ejecución, aunque paralizadas por falta de pagos de cubicaciones debido a lo que han denominado un «nudo legal», bajo la condición de que sobrepasan el 25% de su presupuesto.
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