Santo Domingo (República Dominicana).- Los miembros del Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas sostuvieron su primer encuentro después de la promulgación de la Ley 47-20 con el objetivo de revisar el borrador de reglamento que regulará la aplicación.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien preside el Consejo, dijo que esa normativa establece las funciones y atribuciones de Dirección y el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas.
Además, regula el proceso competitivo de selección del adjudicatario, las reglas de la presentación de ofertas, así como las condiciones de presentación y evaluación de iniciativas tanto públicas como privadas.
“Se trató de una primera jornada muy fructífera por los aspectos tratados y acordados con los miembros del Consejo. En los próximos días, el borrador del reglamento se pondrá en consulta pública para que cualquier persona o sector pueda hacer sus recomendaciones”, expresó Montalvo.
En su elaboración se contó con el apoyo de expertos nacionales e internacionales, además con el acompañamiento de la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Montalvo añadió que en el encuentro se revisó el estatus de las metodologías de análisis que deben realizarse para la evaluación de las iniciativas.
“De 6 metodologías, hay 4 que están para revisión y 2 que se encuentran en la fase final de elaboración para conocimiento en una próxima reunión”, indicó el funcionario.
La Ley 40-20 de Alianzas Público-Privadas, promulgada por el Poder Ejecutivo en febrero pasado, facilitará el desarrollo de infraestructuras y servicios de interés social. La normativa es el resultado de años de discusión y colaboración con el sector privado.
En esencia, regula la iniciación, selección, adjudicación, contratación, ejecución, seguimiento y extinción de alianzas público-privadas con el objetivo de que esas alianzas sean el resultado de un proceso competitivo y transparente, donde exista una adecuada distribución de riesgos.
Montalvo expresó que estas alianzas son un mecanismo que permite aumentar la inversión en infraestructura con eficiencia y efectividad, siempre que se realicen en proyectos adecuados y con contratos que privilegien el interés general.
Agregó que en otros países este instrumento legal se utiliza para el desarrollo de grandes obras como carreteras, puertos, aeropuertos, estacionamientos, entre otras infraestructuras.
El ministro de la Presidencia recordó que la iniciativa privada se limita a áreas o sectores donde previamente el gobierno haya determinado interés de recibir ofertas, y no pueden ser presentados proyectos que hayan sido rechazados en los dos años anteriores, a fin de evitar malas prácticas administrativas.
A la reunión, además de Montalvo asistieron el ministro de Hacienda, Donald Guerrero; el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal; la directora general de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, y el asesor del Ministerio de Economía, Jaime Ariel Pérez.
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