Santo Domingo (República Dominicana).- El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó este jueves el sexagésimo Consejo de Ministros, en el que fue aprobado el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2027, por un monto de 2.036.844.2 millones de pesos.
Las informaciones fueron ofrecidas a los periodistas por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en su calidad de secretario técnico del Consejo de Ministros; el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el viceministro de Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Regional, Domingo Matías, y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.
“Hoy sostuvimos un nuevo encuentro del Consejo de Ministros donde se aprobó el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal de 2027, cuyo total de erogaciones asciende a aproximadamente unos RD 2.037 billones de pesos, reafirmando la decisión del Gobierno de priorizar inversiones que contribuyan al desarrollo y generen mejores condiciones de vida para nuestra gente”, declaró Paliza.
Díaz, por su lado, destacó que la propuesta presupuestaria se presenta en un contexto en el que la economía dominicana mantiene su capacidad de resiliencia, con un crecimiento de 4.5%, una reducción de la inflación y reservas internacionales superiores a los USD 15.000 millones.
“A pesar de la coyuntura, el país va avanzando, la economía, como siempre ha demostrado, es resiliente”, afirmó Díaz, al explicar que el Presupuesto 2027 procura “mantener el gasto de capital, un déficit fiscal razonable, un crecimiento más alto del gasto de capital que del gasto corriente, y manteniendo las prioridades del Gobierno en educación, salud y programas de protección social”.
El proyecto contempla ingresos ascendentes a RD$ 1.510.574.5 millones, equivalentes al 15.7% del Producto Interno Bruto (PIB), así como un techo de gasto de RD$ 1.837.856.0 millones (19.2% del PIB). Estas asignaciones descansan en un marco macroeconómico que anticipa un crecimiento del PIB real de 4.75% y una inflación contenida en torno al 4.5% promedio.
“El gasto de capital experimentará un importante salto del 19.7% con respecto al presupuesto inicial formulado en 2026. Paralelamente, el gasto corriente mostrará un aumento más moderado del 12.3%, reflejando la eficiencia y el control en la operatividad del sector público para priorizar la inversión de largo plazo”, señaló Rijo Presbot.
La propuesta presupuestaria da continuidad a los lineamientos establecidos en la Política Presupuestaria 2027, aprobada por el Consejo de Ministros en su quincuagésima novena reunión, celebrada en julio pasado, y organiza el gasto público en torno a los objetivos estratégicos de Meta RD 2036 y las 10 metas priorizadas del gobierno.
Entre sus principales ejes figuran el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo del capital físico, el incremento de la productividad y el fortalecimiento de la institucionalidad, al tiempo que mantiene como prioridades la inversión pública y la atención de las necesidades sociales.
En materia de salud y protección social, el presupuesto contempla recursos para la continuidad y culminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red Nacional de Emergencias y la continuidad de los programas sociales dirigidos a la población.
La inversión en infraestructura constituye otro de los ejes de la planificación presupuestaria para 2027, con énfasis en autopistas y sistemas de transporte integrado, así como en proyectos de agua potable, saneamiento y mejoramiento de viviendas.
Asimismo, la propuesta contempla el fortalecimiento de la seguridad jurídica e institucional mediante mayores recursos para el Poder Judicial, además de inversiones destinadas a la seguridad ciudadana y fronteriza, así como al sistema penitenciario.
El proyecto será remitido al Congreso Nacional antes del primero de octubre para su conocimiento, conforme al proceso establecido para la aprobación del Presupuesto General del Estado.
El Gobierno destacó que la formulación del Presupuesto General del Estado para 2027 procura mantener el equilibrio entre la atención de las prioridades sociales, la inversión necesaria para impulsar el crecimiento económico y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Las políticas de gasto para el 2027 se fundamentan en garantizar el acceso a derechos fundamentales y elevar la calidad de vida de la población. Para el sector educativo, se mantiene el compromiso de asignar el 4% del PIB, enfocado en apuntalar el Plan Decenal de Educación Horizonte 2034, fortalecer la formación técnico-profesional y expandir el sistema de transporte escolar. En las áreas de salud y vivienda, los fondos impulsarán la infraestructura hospitalaria y darán continuidad al alto impacto del programa habitacional «Mi Vivienda».
Asimismo, los recursos se destinarán a proyectos que generan desarrollo productivo y resiliencia territorial. Entre las obras principales resaltan la construcción del monorriel de Santiago de los Caballeros, el impuesto a proyectos de saneamiento universal en localidades turísticas y costeras, y la ampliación de la capacidad de transporte de la Línea 2 del metro de Santo Domingo.
Como segundo punto de la agenda, el Consejo de Ministros conoció el anteproyecto de Ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que será remitido al Congreso Nacional para agotar el proceso legislativo correspondiente.
La propuesta se enmarca en la Ley número 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, en busca de dotar de fuerza normativa al Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, estableciendo el marco para su implementación y articulación con los instrumentos regionales y municipales.
Este instrumento permitirá al país contar con una visión común para organizar el territorio, orientar el uso del suelo y promover una ocupación más racional y sostenible, aprovechando las oportunidades y potencialidades de cada zona y contribuyendo a la protección de los recursos naturales.
Asimismo, incorpora criterios de sostenibilidad ambiental, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático como elementos fundamentales de los procesos de planificación y ordenamiento territorial.
