Washington.- El ex legislador republicano Connie Mack defendió el derecho de Donald Guerrero de contratar sus servicios de asesoría para proteger sus intereses y asegurar el cumplimiento del debido proceso en la investigación que se le sigue en el país en el caso Calamar.
«Como residente permanente legal y hombre de negocios exitoso con una reputación impecable en los Estados Unidos, es su derecho buscar asesoría y asegurarse de que la administración de Biden esté al tanto de las circunstancias que rodean el patrón de violaciones de derechos humanos en su caso», alegó Mack en un comunicado.
Agregó que Guerrero es un residente permanente de los Estados Unidos que se encuentra bajo prisión preventiva «con la excusa infundada» de que su cargo anterior como Ministro de Hacienda podría afectar una investigación de tres años que «ha violado los estándares más básicos de justicia penal dominicana, estadounidense e internacional».
«Nuestro único objetivo es garantizar un proceso justo para el Sr. Guerrero y la escandalosa afirmación de que esto es «desestabilizador» es exactamente la razón por la que seguiré documentando su detención infundada», indicó el ex legislador.
Recientemente se informó que el equipo legal de Guerrero contrató los servicios de Mack, ex representante y ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense, Connie.
El pasado 4 de julio, el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el mes de septiembre la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, de Hacienda y Administrativo, quienes cumplen prisión preventiva por su presunta vinculación al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Calamar.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), detalló que la audiencia para la revisión de la medida fue dejada sin efecto y fijada para el próximo 1 de septiembre del presente año, conforme la confirmación de la medida de coerción por la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Guerrero y Peralta cumplen 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, luego de que a principios del pasado mes de abril la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictara la medida.
El expediente de la Operación Calamar posee más de tres mil páginas y más de 1.200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales, sumados a unos 2.100 millones en deuda administrativas, totalizan más de 19 mil millones.
De los 20 señalados en el expediente presentado por el Ministerio Público, los imputados Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación, admitieron su participación en esta estructura de corrupción desarticulada en la Operación Calamar.
Además, en el expediente también figuran el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Igualmente, Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.
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