Santo Domingo (República Dominicana).- El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Hato Mayor, condenó, a solicitud del Ministerio Público, a 20 años de prisión a dos miembros de la Policía Nacional y a tres civiles que integraban una red criminal dedicada al secuestro, extorsión, usurpación de funciones y porte ilegal de armas de fuego.
El primer teniente Elvis Esnaider Romero y el cabo Harold Aracena (ambos suspendidos de sus funciones), y los civiles Darwin Rafael Ortiz Tueni, Luis Felipe Ventura y Wilfredo Núñez Arias, deberán cumplir la pena en la cárcel pública General Pedro Santana, de El Seibo.
Los fiscales Claudio Cordero, de la Unidad Antisecuestro, y Daniel Alberto Robles, de la Fiscalía de Hato Mayor, resaltaron el hecho de que los procesados fueron arrestados en la misma escena y presentaron al tribunal pruebas de comunicaciones que sostenían para la preparación del crimen.
El tribunal, presidido por el juez Francisco Arias, impuso a los procesados el pago de 50 salarios mínimos, por probarse el uso de armas de fuego ilegales para la comisión del crimen.
Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, y Marleni Guante, fiscal titular de Hato Mayor, resaltaron el trabajo del equipo de fiscales que actuó en este caso.
El grupo, que cometió los hechos el 12 de agosto de 2023, se presentó a la residencia de la víctima, de nacionalidad dominicana y estadounidense, ubicada en la comunidad Cañitas, de Sabana de la Mar, haciéndose pasar por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Los procesados simularon un allanamiento y arresto para sacar a la víctima del lugar y dirigirlo hacia Santo Domingo Este. Sin embargo, fueron interceptados en el tramo carretero del Kilómetro 7 del municipio El Valle – Hato Mayor, donde fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia.
La acusación fue sustentada con pruebas contundentes. Durante 4 audiencias los fiscales presentaron diferentes pruebas documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales con las que demostraron la responsabilidad penal de los condenados.
El Tribunal, tras condenar a los imputados, decomisó, además, un fusil, tres pistolas, indumentarias simuladas de la DNCD y pertrechos militares ocupados en ocasión de los registros tras los arrestos.
