Bogotá (VOA).- Tras más de 24 horas de retención y luego de la mediación de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, la comunidad indígena de Consuelo Bajo, del Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó del Pacífico colombiano, dejó en libertad a un escuadrón del Ejército de Colombia, conformado por nueve militares, que habían sido retenidos por la guardia indígena.
El hecho se produjo en reacción a un presunto ingreso ilegal de las tropas al territorio ancestral y el supuesto hostigamiento de los militares a la población civil.
“Ellos saben muy bien que para entrar a nuestro territorio tenemos que ser al menos consultados al cabildo y al no hacer caso, los militares generan zozobra, desplazamiento”, afirmó a la prensa local el gobernador indígena, Alfonso Queregama.
Además agregó que las comunidades indígenas quedan en medio de los enfrentamientos de la Fuerza Pública y los grupos ilegales que delinquen en la zona, lo que en los últimos días ha generado un desplazamiento masivo de aborígenes hacia los cascos urbanos de las poblaciones chocoanas.
En la zona se presentan operativos militares contra el grupo paramilitar Clan del Golfo, al servicio del narcotráfico y contra el Ejército de Liberación Nacional, ELN, por lo que el ministro de Defensa, Diego Molano, rechazó la retención e indicó que “nadie puede obstaculizar a la Fuerza Pública en cumplimiento de función constitucional”.
En su cuenta de Twitter agregó que dio instrucciones a los altos mandos militares para que interpongan las correspondientes denuncias ante la Fiscalía por la retención de los uniformados.
Por su parte, el general Juvenal Díaz, comandante de la Séptima División del Ejército, denunció el hecho como secuestro y asonada.
“Proceden a amarrarlos, a humillarlos, a quitarles el armamento, lo que se configura, para mí, en un presunto secuestro”, aseguró el oficial de alto rango.
Rafael Guarín, Alto Consejero para la seguridad Nacional, también en su cuenta de Twitter, fue más lejos y acusó a los indígenas de estar al servicio del narcotráfico.
“Indígenas secuestradores de soldados son parte de la red de valor del narcotráfico. Delincuentes que se amparan bajo jurisdicción indígena, convertida en garantía de impunidad, y que se esconden en algunos resguardos transformados en santuarios del crimen. Urge reforma constitucional”, escribió Guarín en Twitter.
Comentarios sobre post