Santo Domingo (República Dominicana).- La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) saludó la decisión anunciada por el presidente Luis Abinader de disponer la detención inmediata de toda actividad relacionada con el proyecto minero Romero, promovido por la empresa GoldQuest en la provincia de San Juan.
La CAUASD valoró que el Poder Ejecutivo «haya reconocido la fuerza jurídica, ambiental y democrática de la llamada licencia social, entendida como la aceptación informada, legítima y participativa de las comunidades potencialmente afectadas por proyectos de alto impacto ambiental, territorial, hídrico y social».
«Esta decisión confirma una verdad que la Universidad, las comunidades y diversos sectores técnicos, científicos, religiosos, productivos y sociales han venido planteando: no puede haber minería viable donde existe rechazo social masivo, alta fragilidad hídrica, importancia agrícola estratégica y riesgo de afectación a territorios esenciales para la vida, la producción y el consumo humano», añadió.
La CAUASD felicitó al pueblo de San Juan y del suroeste, a sus comunidades campesinas, productores, juntas de regantes, organizaciones sociales, iglesias, profesionales, jóvenes, mujeres, entidades académicas, ambientalistas y ciudadanos comprometidos que han desarrollado una lucha cívica, ordenada, contundente, disciplinada y firme en defensa del agua, la vida, la agricultura y el territorio.
Indicó que «esta victoria ciudadana no debe ser interpretada como el cierre del problema, sino como el inicio de una revisión más profunda. El país debe examinar de manera integral todo el conjunto de concesiones, solicitudes y derechos mineros que ocupan o presionan la vertiente sur de la Cordillera Central y otras zonas de alta sensibilidad hídrica, ecológica, agrícola y social».
La Comisión Ambiental de la UASD considera indispensable que el Estado dominicano revise el modelo actual de otorgar concesiones mineras, «especialmente cuando estas se superponen sobre cuencas hidrográficas, zonas de recarga, territorios agrícolas, áreas de producción alimentaria, comunidades rurales, asentamientos humanos y ecosistemas estratégicos».
Asimismo, reiteró que antes de cualquier Estudio de Impacto Ambiental de proyecto debe realizarse una Evaluación Ambiental Estratégica, como mandan la Ley 64-00, la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y la Resolución 0020-2024 del Ministerio de Medio Ambiente. «El país no puede seguir evaluando proyectos aislados cuando lo que está en juego es el cambio de destino territorial de regiones completas».
La CAUASD indicó que entiende que República Dominicana necesita con urgencia una nueva Ley Minera, moderna, democrática, preventiva y coherente con el interés nacional, que coloque por encima de cualquier interés extractivo la protección del agua, la seguridad alimentaria, el ordenamiento territorial, los derechos de propiedad, la participación ciudadana, la justicia ambiental y la sostenibilidad ecológica.
Dijo que la legislación minera vigente responde a una visión superada del territorio y otorga a la minería una preferencia incompatible con los desafíos actuales del país: cambio climático, estrés hídrico, degradación de cuencas, conflictos territoriales, vulnerabilidad agrícola y creciente demanda social de transparencia y participación.
La CAUASD llamó al Gobierno, al Congreso Nacional, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas, a las universidades, academias, ayuntamientos, juntas de regantes, organizaciones comunitarias y sectores productivos «a abrir un gran proceso nacional de revisión del régimen minero dominicano».
«La decisión presidencial constituye un paso correcto. Ahora corresponde avanzar hacia una política pública más profunda: proteger las cuencas, ordenar el territorio, revisar las concesiones, modernizar la ley minera y garantizar que ningún proyecto extractivo se imponga contra la voluntad legítima de los pueblos», manifestó la Comisión Ambiental.
Este lunes, el presidente Abinader dispuso detener de manera inmediata, cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, en la provincia de San Juan.
La Presidencia de la República declaró que la decisión reafirma el compromiso de su Gobierno con la escucha activa, la responsabilidad institucional y el respeto a la voluntad de la ciudadanía.
«Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia», manifestó el mandatario.
En un mensaje dirigido a la nación, el presidente Abinader dijo que esta decisión responde a que, según la Ley 64-00 de Medioambiente y sus reglamentos, si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, no es viable continuarlo.
«Este proyecto no es reciente y su origen se remonta a concesiones de exploración otorgadas durante el año 2005 y reiteradas en el 2010. Posteriormente, en el año 2015 y 2018 se renovaron y se autorizaron estudios técnicos que permitieron definir el alcance del proyecto. En la etapa actual, bajo nuestra gestión, la iniciativa solo ha estado en fase de evaluación ambiental, sin que exista autorización alguna para su explotación. Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro», manifestó Abinader.
