Santo Domingo (República Dominicana).- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó a la Procuraduría General de la República una investigación urgente de las graves denuncias de irregularidades durante el proceso para la adquisición de un millón cincuenta mil libretas de pasaportes realizado por la Dirección General de Pasaportes.
Miguel Surun Hernández, presidente del Card, explicó que partes involucradas expresaron que en dicho proceso se registró una manipulación dolosa por parte del Departamento de Compras de la Dirección de Pasaportes para lograr la exclusión de determinados oferentes de calidad, imponiendo la selección de TRANSNEG, SRL y MIDAS DOMINICANA, S.A., que ofertaron las libretas RD$261 pesos por encima del precio regular y que la propia institución había pagado a una de las oferentes en diciembre del 2022, según se hace constar en contrato suscrito con MIDAS DOMINICANA, S.A., lo que implica una posible sobrevaluación por más de 270 millones en perjuicio del Estado.
El presidente del Card expresó que simular un precio irreal para distraer fondos públicos es un hecho grave y cuestionable, ya que no existe forma posible de justificar el desproporcional aumento de precios en tan sólo tres meses, sobre todo si se trata del mismo suplidor.
«Estamos en presencia de hechos que comprometen no sólo el erario público, sino que además es un vil atentado contra la identidad nacional, afectada por un documento de pésima calidad, sin garantías alguna de fiabilidad, seguridad y certeza que por ser vulnerable a alteraciones podría servir para el tráfico de personas y terrorismo, situación denunciada por el gobierno de Francia y por Nara, S.R.L., representante local de HID Global, de Estados Unidos, qué objetaron la licitación», expresó el gremialista.
Solicitó a la Procuraduría General de la República investigar a todos los funcionarios de la Dirección General de Pasaportes involucrados en el proceso que calificó como fraudulento y a los ejecutivos de las empresas beneficiarias, ya que se está ante la posible comisión de una estafa agravada, sobrevaluación, coalición de funcionarios y prevaricación en perjuicio del Estado Dominicano.
Además, el presidente del Colegio de Abogados exigió la investigación de las empresas TRANSNEG, SRL y MIDAS DOMINICANA, S.A., muy especialmente respecto a su relación con la empresa GB Group, propiedad del empresario haitiano Gilbert Bigio, socio de Pablo Portes, asesor empresarial del Poder Ejecutivo.
El gremialista calificó como sospechoso que la empresa MIDAS DOMINICANA, S.A., beneficiaria de este proceso tenga graves cuestionamientos por parte de la Cámara de Cuentas por tener contratos para la plataforma tecnológica en Cancillería, así como para el proyecto consular, cuyo monto fue cobrado, pero no ejecutado en cuanto a la instauración de dicha plataforma.
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