Santo Domingo (República Dominicana).- La Plataforma Dominicanos por Derecho invitó al presidente electo Luis Abinader a diseñar y ejecutar una política pública que permita a miles de alegados dominicanos acceder a su nacionalidad y documentación de identidad, para combatir la exclusión social que les afecta.
Manifiesta, el grupo que reivindica los derechos de los alegados dominicanos de ascendencia extranjera afectados por la Sentencia 168-13 dictada por el Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana, que fruto de la situación miles de personas llevan décadas lidiando con el miedo de la incertidumbre.
Para el colectivo, estamos ante un momento histórico para cerrar un camino que, dicen, solo ha traído dolor a dominicanos humildes.
“Esperamos que el gobierno del cambio pueda acompañar a este segmento poblacional dominicano en su lucha por la equidad, la justicia social, a la conquista de derechos”, declaran las entidades en un comunicado de prensa.
Manifiestan que, tras 7 años de espera, el Poder Ejecutivo promulgó el decreto 262-20 que concede la nacionalidad dominicana a título de naturalización ordinaria a 750 personas de las más de 8 mil que aplicaron a la Ley 169-14.
Consideran que la promulgación del decreto ofrece la oportunidad de retomar el diálogo con las autoridades gubernamentales, repasar los avances y deudas pendientes con la población dominicana de ascendencia haitiana, a los fines de dar una respuesta integral a un tema de ciudadanía que aún necesita resolverse.
“Por eso, Dominican@s por Derecho solicitó a las autoridades aclarar los términos de implementación de dicho decreto, de modo que este sea real y efectivamente un instrumento que beneficie a la población destinataria, sin discrecionalidad y respetando el principio de gratuidad contemplada en propia ley”, expresan.
Las organizaciones afirman que las y los dominicanos de ascendencia haitiana que actualmente viven en condiciones apatridia o en riesgo de estarlo, requieren la protección del Estado dominicano.
“Esta población tiene una situación socio- económica y documental que se constituye en barrera para acceder de forma efectiva a medidas de apoyo, con lo que se acentúan las desigualdades en el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19”, plantean.
De acuerdo a las organizaciones, a quienes aplicaron al proceso de registro de la ley 169-14, durante cuatro años el Ministerio de Interior y Policía los mantuvo en vilo al muchos no conocer el estatus de sus expedientes, otros sólo recibieron una documentación que apenas acredita identidad, siendo afectados sus derechos civiles y políticos.
“Queda en la incertidumbre la situación de los miles de personas no documentadas que no pudieron acogerse a este dispositivo para las cuales no existe un camino trazado”, expresan.
- El grupo propuso acciones concretas para avanzar en conjunto en la reducción de la alegada apatridia de manera sostenible, incluyendo:
- 1) Aplicación más robusta de la Ley 169-14 para sus beneficiarios,
- 2) Ponderar una norma legislativa complementaria en materia de nacionalidad que permita encontrar una solución para las personas nunca registradas y
- 3) Aprobar una legislación contra la discriminación que incluya el tema etnoracial.
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