Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en Haití a manos de grupos del crimen organizado y llama al Estado y a la comunidad internacional a buscar soluciones integrales y duraderas para superar la crisis humanitaria, política, social y de seguridad que vive el país desde hace décadas.
La Comisión continúa alarmada por la violencia perpetrada por grupos armados, quienes cometen actos de asesinato, secuestro y violación, entre otros, especialmente en la capital, Puerto Príncipe. Lo anterior con un impacto específico en las mujeres y las niñas.
Según los datos más recientes publicados por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), durante 2023, más de 8.400 personas fueron víctimas de la violencia de las pandillas, entre personas asesinadas, heridas y secuestradas. Esto representa un aumento del 122% en comparación con 2022. En particular, Puerto Príncipe contabilizó el 83% de los homicidios y lesiones registrados. En el sur de la capital, las pandillas han llevado a cabo ataques a gran escala para controlar ciertas zonas, y continúan empleando prácticas sistemáticas de violencia sexual en las zonas bajo su control, poniendo a las mujeres y niñas en grave riesgo.
En particular, según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), hay un aumento en las denuncias de mujeres incluyendo adultas y niñas, brutalmente violadas, torturadas y secuestradas por las pandillas. El informe también indica que la violencia sexual contra las mujeres y las niñas se utiliza como arma de guerra, intimidación, control territorial y dominación en las zonas controladas por las pandillas. En este contexto, entre enero y agosto de 2023 se denunciaron un total de 3.056 casos de violación, lo que representa un aumento del 49% respecto al 2022.
Con respecto a las causas de este recrudecimiento de la violencia, la Comisión observa los serios desafíos a los que se enfrentan las instituciones de seguridad, incluyendo también la violencia contra la policía. La crisis política actual y cada vez más profunda ha hecho que las instituciones estatales sean ineficaces para prevenir y responder a todas las formas de violencia, lo que se traduce en la ausencia de un estado de derecho y, por extensión, de instituciones estatales plenamente operativas.
Haití no ha tenido líderes políticos electos al menos desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021 y el vencimiento de todos los mandatos del Poder Legislativo el 9 de enero de 2023. Esta situación socava la autoridad del Estado y ha profundizado las crisis política, institucional y humanitaria, tal como se detalla en el Informe de la CIDH sobre la Situación de los Derechos Humanos. A pesar de los esfuerzos por organizar elecciones, como la instalación del Consejo Superior de Transición con el objetivo de promover un diálogo inclusivo y organizar elecciones transparentes, la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias sigue pendiente. A este contexto de inestabilidad política, se suman las protestas celebradas recientemente para exigir la resignación del actual Primer Ministro.
La CIDH reitera su llamado a soluciones integrales y duraderas a la crisis a través de un proceso de diálogo pacífico e inclusivo, elecciones libres y justas, y el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad. Dichas soluciones deben incorporar la protección de los derechos humanos con perspectiva de género e interseccional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la consolidación de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana y el restablecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
La Comisión insta una vez más a la comunidad internacional a apoyar a Haití en la búsqueda de soluciones para superar esta crisis. Si bien el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó el establecimiento de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití mediante la Resolución No. 2699 del 2 de octubre de 2023, la CIDH observa que existen desafíos en cuanto a su implementación efectiva. En particular, un tribunal de Kenia ha dictado recientemente una sentencia que impide al gobierno desplegar agentes de policía para operar en Haití.
A la luz de estos desafíos, la CIDH reitera su llamado a la comunidad internacional, en particular a los Estados de la región y a los organismos del sistema regional y universal para que, con respeto a la soberanía y autodeterminación de Haití, busquen los mecanismos más efectivos y participativos para adoptar medidas que puedan concretar los principios de solidaridad y cooperación en todas las etapas de identificación, elaboración e implementación de acciones de desarrollo y asistencia, incluyendo el aumento de la asistencia alimentaria y humanitaria, trabajando de la mano con el país. Estos mecanismos también deben centrarse en la creación, el apoyo y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, las redes de la sociedad civil y las políticas públicas, que son vitales para elevar los estándares de protección en el Estado haitiano.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
