Santo Domingo (República Dominicana).- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) expresó este viernes preocupación por la prolongada detención del abogado y comunicador Rafael Guerrero, y pidió al Ministerio Público agilizar los trámites correspondientes para su inmediata puesta en libertad.
Calificó la medida de coerción como «desproporcionada» y un rigor excesivo de la justicia dominicana en casos de difamación e injuria, delitos que, según estima, deben ser tratados bajo el marco del respeto a la libertad de expresión, el debido proceso y los derechos fundamentales.
El CARD recordó que el derecho a la defensa, la libertad de opinión y la presunción de inocencia son pilares esenciales de un Estado social y democrático de derecho. «El encarcelamiento preventivo en casos de esta naturaleza resulta innecesario y atenta contra el ejercicio libre del pensamiento crítico, indispensable para la vida democrática».
En este sentido, el Colegio de Abogados de la República Dominicana advirtió que el uso de la prisión bajo el supuesto de la llamada rebelión por la inasistencia al tribunal en delitos que son preponderantemente de naturaleza privada, no deben ser la regla o primera respuesta ante diferencias de opinión o críticas públicas, lo cual podría convertirse en un peligroso precedente que silencie voces críticas en la sociedad.
Trajano Potentini, presidente del CARD, destacó que el Ministerio Público tiene en sus manos la oportunidad de corregir lo que calificó como un exceso jurídico. «Solicitamos que se respete la proporcionalidad en las decisiones judiciales y que se garantice la pronta libertad del colega Rafael Guerrero, sin menoscabar el derecho de las partes a dirimir sus diferencias en los tribunales, pero sin sacrificar derechos fundamentales».
El CARD reafirmó su solidaridad gremial con Guerrero y con todos los profesionales del derecho que enfrentan procesos judiciales en condiciones que ponen en riesgo su integridad y el ejercicio libre de su profesión.
«Como institución, no defendemos la impunidad ni el irrespeto, pero sí creemos firmemente en la necesidad de que la justicia se administre con equilibrio, humanidad y respeto a los derechos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que República Dominicana es signataria», añadió.
