San Juan (Puerto Rico).- La Oficina del Procurador del Veterano (OPV) notificó este jueves que el gobierno de Puerto Rico demandó al operador privado Ambassador Veteran Services (AVS) para iniciar la cancelación del contrato vigente y exigir la devolución de más de 9.4 millones de dólares en daños, que incluyen fondos públicos mal utilizados.
La información fue compartida por el procurador Agustín Montañez en su citación ante la Comisión de Asuntos Federales y de Veteranos de la Cámara de Representantes, que preside el legislador José Aponte Hernández, como parte de una investigación legislativa sobre la crisis operacional en este centro que presta servicios de cuidado prolongado a soldados retirados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
“El operador actual de la instalación ha incurrido en serios incumplimientos del contrato de operación vigente con el gobierno de Puerto Rico, con los cuales ha comprometido la calidad de los servicios y la seguridad de sus residentes”, manifestó Montañez en un memorial explicativo.
Advirtió el riesgo de continuidad de las operaciones luego de que AVS inició un proceso de quiebra el pasado mes de junio y las cuantiosas deudas acumuladas con diversas agencias estatales han resultado en embargos de fondos federales por parte del Servicio de Rentas Internas estadounidense (IRS, en inglés) que son destinados al funcionamiento de la instalación ubicada en el municipio de Juana Díaz.
Según la OPV, la empresa adeuda más de $1.7 millones a la empresa LUMA Energy por servicios eléctricos impagos; sobre $650.000 al Departamento de Hacienda por impuestos y retenciones no remitidas; más de $225.000 a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado por pólizas patronales; y cerca de $125.000 al Departamento del Trabajo por pagos del seguro de desempleo.
Montañez detalló que hace escasos días el operador alegó no tener los fondos suficientes para sufragar la nómina, situación que hubiera repetido el impago de salarios a finales del 2024 y que produjo una huelga de empleados el pasado 1 de enero. Sin embargo, el procurador dijo que AVS logró efectuar el pago.
Añadió que, pese a la crítica situación financiera, el único dueño de AVS, Timothy Sadler, se paga a sí mismo beneficios mensuales por la operación en sumas que fluctúan entre los $40.000 y $50.000. El procurador afirmó que este dinero es producto de las rentas que pagan los residentes de la Casa del Veterano a la empresa.
“Esta conducta se considera particularmente reprochable y posiblemente ilegal cuando la empresa ha alegado no tener fondos suficientes para pagar salarios, servicios básicos o cumplir con sus obligaciones fiscales”, puntualizó Montañez, quien aseguró que la OPV ha tomado medidas urgentes para exigir a la compañía el cumplimiento de sus compromisos contractuales.
Entre las acciones inmediatas se encuentra la declaración de un estado de emergencia operacional por parte de la OPV y el proceso legal para conducir la resolución del contrato de AVS por conducto del Departamento de Justicia. Montañez agregó que su agencia fiscaliza el plan correctivo sometido por el operador y que fue aprobado por el Departamento de Asuntos del Veterano de los Estados Unidos (DVA, en inglés) para poder continuar las operaciones.
