San Juan (Puerto Rico).- La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes evaluó este miércoles el Proyecto de la Cámara 139, que busca ampliar el radio de acción investigativa, añadir facultades para atender delitos graves y otorgar más privilegios a los policías municipales.
La medida, atendida en una vista pública, fue presentada por el representante Ángel Morey Noble, con el fin de proveer los mecanismos para facilitar el cumplimiento de las labores de los cuerpos policiacos municipales y extender a estos los mismos beneficios contemplados en la jurisprudencia para los agentes estatales.
“Lo que estamos buscando es que la Policía de Puerto Rico tenga otro brazo de cooperació. Ningún proyecto está escrito en piedra, pero quizás de aquí surjan unas ideas que se pueden finiquitar y buscarle una herramienta más al país”, expresó el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, presidente de la comisión cameral.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) se opuso a la pieza legislativa al señalar el impacto fiscal que conllevaría su implementación y resaltar que el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) ya incorporó a la Policía Municipal diversas facultades del Negociado estatal de la Policía (NPPR).
“Aunque responden a un mismo deber, los miembros del NPPR y los policías municipales tienen marcadas distinciones en su sistema operacional y organizacional. Atemperar estos cuerpos policiales en todo lo que concierne la ejecución de sus funciones, así como su andamiaje, trastocaría grandemente nuestro sistema”, aseguró la licenciada Omara Arias, en representación del DSP.
Entre ellas, mencionó la autoridad delegada al NPPR para esclarecer los delitos relacionados a la propiedad vehicular, específicamente bajo el Negociado de Vehículos Hurtados, que aplica un “proceso riguroso” para el reclutamiento y adiestramiento de investigadores.
La deponente subrayó que los policías municipales no forman parte de esta unidad especializada, si bien trabajan en conjunto durante las intervenciones vehiculares que realizan dentro del limitado alcance que tienen en estos crímenes.
Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Comisionados Municipales, el inspector Rubén Moyeno, avaló la aprobación de la medida al indicar que estos cuerpos policiacos, en su gran mayoría, cuentan con unidades especializadas y que cada miembro está preparado por la academia del NPPR.
Por su parte, la Asociación de Alcaldes expresó su oposición a la medida mediante un memorial explicativo en el cual destacaron su preocupación por el efecto que tendría en las finanzas municipales.
Pese a que no estuvo presente en la audiencia pública, la directora ejecutiva de la entidad, Verónica Rodríguez, destacó en la ponencia que la medida podría perjudicar la prestación de servicios esenciales, al tiempo que impone cargas adicionales a la Policía Municipal.
La comandante Sharon Ruiz, quien cuenta con más de 30 años de carrera en la Policía estatal, también delineó algunas inquietudes con la propuesta legislativa y sugirió que los esfuerzos se concentren en atender la escasez de agentes municipales en la isla.
