San Juan (Puerto Rico).- La Cámara de Representantes aprobó este lunes investigar el proceso de adjudicación del contrato por 25 años otorgado a una subsidiaria de New Fortress Energy para el trasbordo de gas natural licuado (GNL) en el Puerto del municipio de Ponce, ante cuestionamientos de diversos sectores sobre el cumplimiento con los aspectos de seguridad nacional, el comercio interestatal y las regulaciones marítimas federales.
La Comisión de Asuntos Federales evaluará las condiciones del contrato de arrendamiento entre la Autoridad del Puerto de Ponce (APP) y Soluciones de Energía Limpia PR LLC, compañía que tendrá el control de un solar de cuatro cuerdas en el Puerto de Ponce y el acceso al Muelle 8.
El análisis surge de la Resolución de la Cámara 255, presentada por el representante José Aponte Hernández, con el fin de corroborar que la operación propuesta acate las leyes federales y estatales, en momentos en que aún no cuenta con el aval de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, en inglés), ni de la Guardia Costera de los Estados Unidos.
“La adjudicación del referido contrato ha generado interés y preocupación en diversos sectores de la región al levantar cuestionamientos sobre si se cumplió con los procesos establecidos, particularmente ante el hecho de que el acuerdo impacta dos áreas claves para el desarrollo de la isla: la energética y la comercial portuaria”, expresó Aponte Hernández.
Sostuvo que estas operaciones portuarias, especialmente aquellas que involucran transferencia entre embarcaciones (ship-to-ship), requieren el cumplimiento con las normativas del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, así como tratados internacionales sobre navegación y seguridad energética.
Aponte Hernández añadió que la FERC ya ha realizado advertencias a New Fortress Energy por realizar una operación de trasbordo de GNL similar en la bahía de San Juan, sin permiso de la agencia federal. En este caso, a través de la subsidiaria NFEnergía LLC.
Sin embargo, indicó que ha trascendido que la compañía está en el proceso de tramitar las autorizaciones federales necesarias tanto en la bahía como en el muelle de Ponce.
Por otro lado, el pleno de la Cámara de Representantes favoreció, con 51 votos a favor, una medida que busca reforzar las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico al uniformar los criterios de evaluación judicial que se establecen antes de archivar una denuncia o alcanzar acuerdos de culpabilidad.
Se trata del Proyecto de la Cámara 698, que también persigue elevar a rango de ley “el derecho de la víctima a ser oída en sobreseimientos y plea bargains”.
La legislación también persigue permitir a la víctima expresarle al tribunal su postura sobre el pacto al que lleguen las partes, una acción cónsona con la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico tras resolver, en el caso Pueblo v. Castellón Calderón, que la discreción del juez de sobreseer una denuncia o acusación no es ilimitada y debe ejercerse luego de una vista en la que participe el Ministerio Público.
La legislación, de la autoría del vicepresidente de la Cámara, Ángel Peña Ramírez, enmendaría, específicamente, la Regla 72(2) y (7) del Procedimiento Criminal para que se le notifique por escrito a la víctima cualquier preacuerdo preliminar.
