San Juan (Puerto Rico).- La Cámara de Representantes ordenó este lunes realizar un estudio, a cargo de Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), sobre la potencial utilidad de la inteligencia artificial (IA) como una herramienta de supervisión adicional para optimizar los procesos en el gobierno.
Mediante la Resolución Conjunta de la Cámara 68, aprobada en la sesión de este lunes, se propone la incorporación de IA para facilitar los procesos de investigación, auditoría, mitigación de riesgos y control de gastos en las instituciones públicas.
De acuerdo con el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, autor de la medida, los esfuerzos realizados por las entidades fiscalizadoras, como la Oficina del Inspector General, el Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia, requieren este fortalecimiento.
“La implementación de nuevas tecnologías, como la IA, llega como una opción innovadora inclusive para fortalecer los mecanismos de supervisión y control del gasto público. Entendemos meritorio que se estudie seriamente cuáles son las alternativas que existen hoy día para atajar de forma contundente y eficaz el problema decenario de la corrupción en nuestra Isla”, expresó Méndez Núñez.
Como parte del estudio, PRITS deberá considerar la implementación de sistemas de detección automatizada mediante algoritmos que analicen grandes cantidades de datos gubernamentales en tiempo real y descubran patrones sospechosos.
La agencia también auscultará el uso de la IA para crear modelos predictivos que identifiquen áreas de alto riesgo dentro del gobierno, herramientas de análisis forense para auditorías en casos de fraude, instrumentos de monitoreo del uso de fondos públicos y el diseño de “chatbots” para realizar denuncias anónimas de posibles actos de corrupción.
Según la exposición de motivos de la resolución, en octubre del año pasado se publicó que la IA ayudó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a examinar cantidades masivas de datos y descubrir fraudes con cheques por valor de $1,000 millones de dólares en el año fiscal 2024, casi el triple de lo que recuperó en el año fiscal anterior.
Por otra parte, la Cámara baja también aprobó el Proyecto de la Cámara 422, que busca obligar al Negociado de Energía la entrega anual, a la Asamblea Legislativa, de un informe sobre el progreso para reducir la producción de energía derivada de combustibles fósiles hasta la eliminación total de estas fuentes.
