San Juan (Puerto Rico).- La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad declarar una moratoria de 24 meses durante la cual se le prohíbe al Negociado de Energía de Puerto Rico considerar o aprobar solicitudes de aumentos tarifarios presentadas por LUMA Energy o cualquier entidad relacionada con la operación y el mantenimiento del sistema eléctrico de Puerto Rico.
La Resolución Conjunta de la Cámara 243 fue avalada en el último día de aprobación de medidas, de la Segunda Sesión Ordinaria.
La iniciativa de los representantes Ángel Fourquet Cordero y Víctor Parés Otero, ordena además que se realice una auditoría independiente del sistema tarifario.
De igual manera, fue considerada la Resolución Conjunta de la Cámara 244, de la autoría de presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, para reasignar al Municipio de Luquillo, 30 mil dólares para obras y mejoras permanentes.
Además, el Proyecto de la Cámara 153, del representante Ángel Morey Noble, fue refrendado para establecer la “Ley Habilitadora para Implantar el Plan de Alerta “Hero” en Puerto Rico, a los fines de contar con un mecanismo que facilite la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas que sean veteranos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América.
Igualmente se dio paso, al Proyecto de la Cámara 230, del representante Gabriel Rodriguez Aguiló, para enmendar la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de incluir a los Agentes de la Unidad Especializada de Investigaciones y Arrestos del Programa de Servicios con Antelación a Juicio, adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación, dentro de las categorías excluidas de las disposiciones de esta ley bajo el cual acumularán 1 ¼ días de vacaciones cada mes.
Por otra parte, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) declaró que aunque la reincidencia juvenil en Puerto Rico es mínima, no tiene la facultad en ley para dar seguimiento a los menores que egresan de sus instituciones juveniles una vez se reinsertan a la libre comunidad.
En ese sentido, la agencia favoreció que se enmiende la Ley de Menores (Ley 88-1986) para tener la jurisdicción y brindarles a los jóvenes un plan de cuidado en continuidad como mecanismo de prevención post-institucional.
Según el DCR, en el 2024 solo seis menores reingresaron a las instituciones juveniles de la agencia luego de haberse reintegrado a la comunidad.
Menores entre los 16 y 17 años son los más propensos a reincidir en conducta delictiva, indicó Gineima Ojeda, gerente de Instituciones Juveniles del DCR, en una vista pública de la Comisión de Asuntos de la Juventud, que preside el representante Ensol Rodríguez Torres.
“Tan pronto perdemos la jurisdicción del joven, perdemos total contacto con ellos. Nosotros no tenemos herramienta legal para poder darle un seguimiento a estos jóvenes en la comunidad”, comentó Ojeda.
