San Juan (Puerto Rico).- La Cámara de Representantes aprobó este lunes una legislación que requerirá a las entidades gubernamentales incluir en su página electrónica una sección o enlace que redirija a cualquier ciudadano al portal oficial de la Oficina del Inspector General (OIG), esto como parte de un paquete de medidas contra la corrupción.
El Proyecto de la Cámara 307 fue presentado por el presidente del cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez, con la intención de facilitar el acceso para que ciudadanos y servidores públicos presenten quejas, planteamientos o denuncias de irregularidades.
Méndez sostuvo que esta herramienta promoverá un mecanismo de comunicación y fiscalización ciudadana de forma directa. La pieza legislativa recibió 51 votos a favor de todas las delegaciones políticas durante los trabajos de la sesión ordinaria.
“Actualmente, las páginas electrónicas de las distintas agencias en el gobierno federal cumplen con una disposición similar para que los ciudadanos puedan denunciar fraude, desperdicio y abuso de uso de fondos públicos. Esto permitirá continuar fortaleciendo la función investigativa de la OIG, a la vez que se proveen las herramientas a los ciudadanos para que puedan reportar oficialmente cualquier incidencia”, expresó el presidente de la Cámara de Representantes a través de la exposición de motivos.
El Proyecto de la Cámara 308 obtuvo el respaldo para que la OIG tenga la jurisdicción de investigar a exfuncionarios y excontratistas sobre irregularidades cometidas durante su servicio público.
La medida presentada por petición de la propia OIG pretende ampliar el alcance de la agencia de manera que sirva como un elemento disuasivo y un mecanismo de control para combatir la corrupción.
“Al otorgar a la OIG la jurisdicción continua sobre ex servidores públicos, contratistas y excontratistas, el Estado se asegura de que la administración de fondos y bienes públicos esté protegida a largo plazo, y de que se sancionen todas las conductas inapropiadas sin importar cuándo se detecten”, afirmó Méndez.
Esta legislación enmendaría la ley orgánica del Inspector General (Ley 15-207) para establecer la permanencia de la jurisdicción de la OIG sobre los exfuncionarios. Del mismo modo, dispone un término mediante el cual un ex servidor público o excontratista puede ser objeto de investigación.
Otra medida favorecida por petición de la OIG fue el Proyecto de la Cámara 349, que garantizaría a la OIG la capacidad en ley de obtener y revisar documentos e información fiscal custodiada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
