San Juan (Puerto Rico).- La Cámara de Representantes aprobó este jueves, con 50 votos a favor, una medida que busca ampliar las medidas de fiscalización para evitar el fraude en la obtención de beneficios por programas de desempleo o de emergencias.
El Proyecto de la Cámara 3 fue presentado por el presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, con el objetivo de garantizar que las personas con reclamaciones legitimas de las ayudas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), puedan acceder a ellas. La pieza legislativa aumenta el término que tiene el DTRH para llevar a cabo una fiscalización adecuada y se limita el acceso a los beneficios a aquellos que realicen su solicitud de forma fraudulenta.
“Esta medida no pretende afectar al reclamante honesto que realiza su reclamación con información veraz, sino extender el proceso para que se pueda realizar una abarcadora investigación en aquellas reclamaciones que se llevaron a cabo bajo información fraudulenta con el fin de agilizar los trámites para aquellos que sí son elegibles”, expresó Méndez Núñez.
Agregó que “de este modo, aquellos reclamantes que solicitan los beneficios de desempleo a sabiendas de que no cualifican para éstos, no podrán utilizar el subterfugio del término reducido para deshacerse de su responsabilidad frente al DTRH”.
La pieza legislativa permite que el DTRH, luego del debido proceso de ley, pueda notificar al Departamento de Hacienda y al Servicio de Rentas Internas Federal, algún balance de cobro indebido que tenga algún reclamante, de modo que dichas agencias puedan retener hasta un máximo del 50 por ciento anual del reintegro contributivo a favor del reclamante para el saldo del cobro indebido.
Para ello, el proyecto establece un proceso que permita al reclamante impugnar oportunamente el aludido cobro indebido previo a la notificación a las referidas agencias.
Según Méndez Núñez, la legislación vigente contiene limitaciones sobre imposiciones y actuaciones administrativas o judiciales que pueden resultar en una intromisión indebida de las funciones que puede llevar tanto el DTRH como las agencias de ley y orden.
La Cámara de Representantes también avaló el Proyecto de la Cámara 26, de la autoría de Méndez Núñez, para restituir a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) la facultad de habilitar empleados para el servicio público.
Las enmiendas que dispone la pieza legislativa se centran en facilitar que personas que cometieron delitos no violentos y resulten inelegibles puedan tener una nueva oportunidad para el empleo público. En su exposición de motivo, el autor resaltó que el proceso de habilitación es “tan estricto y necesario” que forma parte del Código Anticorrupción (Ley 2-2018) en el cual declara las disposiciones en que una persona quedará inhabilitada para contratar o licitar con cualquier agencia del Gobierno.
